A la hora de la redacción de estas líneas, el gobernador de Oaxaca ya le había respondido al Presidente Municipal de su Ciudad Capital, sin aludirlo: ”Solo cesaré a un secretario cuando no esté rindiendo en sus funciones”, leí en un tuit del maestro Felipe Sánchez (@escaparate_oax)
Tuvo que suceder en el marco de la máxima fiesta de los oaxaqueños, para hacerse evidente lo que es una realidad cotidiana: el brutal distanciamiento entre los dos órdenes de gobierno más inmediatos a los oaxaqueños.
Una sola cosa ha hecho posible entre los ciudadanos informados la creciente percepción de desencuentro, rompimiento, disputa y para algunos, hasta de odio entre Gabino Cué y Luis Ugartechea: el ego.
La ojeriza entre este último y el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca se da por sentada. Lo que se dijeron uno al otro a través de sus cuentas de twitter, no tiene parangón. No eran dos hombres de Estado (el municipio y las entidades federativas son parte del Estado) dentro de las márgenes de lo políticamente correcto; eran un policía y un restaurantero defendiendo al peor consejero de un político: el ego.
Ambos esgrimieron sus razones, muy válidas por cierto, pero en la percepción de quienes conocimos esos tweets y posteriores declaraciones a los medios, quedó el burdo ánimo de la preponderancia.
El Presidente Municipal medía con este cristal: Un subordinado del gobernador no tiene por qué impedirle el acceso, bajo ninguna circunstancia, a la máxima autoridad del municipio anfitrión de la fiesta. Es Oaxaca de Juárez, la ciudad de su Presidente Municipal, antes que de cualquier otro mortal. Ugartechea argumentaba más tarde asesorado por su suegro, nuestro ex secretario General de Gobierno, que no era un agravio a su persona, sino a la investidura. Pero cuanto se seguía viendo delante de cada palabra era el ego.
El secretario de Seguridad Pública lo veía seguramente de esta manera: Ni el propio presidente municipal puede pasar por encima de los protocolos de seguridad. La norma es la norma y los policías estamos para hacerla valer. El Sr. Ugartechea insistía en entrar con una persona armada y si está acostumbrado a hacer lo que le plazca en la ciudad que gobierna, ni modo. Yo cumplo la norma. De modo que confirmo la orden a mi policía de que no pasa. Y lo mismo, el ego se superponía.
La mala fe entre estos dos servidores públicos queda fuera de discusión… existe.
Marco Tulio sabiéndose vencedor en la batalla, ofreció disculpas aunque veladas; para el presidente la guerra aún no terminaba y no conforme con no aceptarlas, hizo pedir al gobernador, desde el mismo cabildo, la renuncia de su verdugo, y más allá: se hizo organizar una guelaguetza en la misma sede del palacio municipal. Ego, ego y más ego.
Con las horas nos enteramos de que otro actor metido a político, el autonombrado “diamante negro” Roberto Palazuelos, invitado de “honor” mostraba, en la segunda edición de la guelaguetza, un comportamiento poco honorable bajo los influjos de nuestra espirituosa bebida, sin protocolos de seguridad que se interpusieran en su cometido.
Así es Oaxaca y la gente debe saberlo. Un estado donde un artista pesa más que una autoridad. Un lugar de ficción donde el Presidente Municipal de la capital no puede conseguir que despidan a un funcionario que faltó a su investidura, pero donde una diputada sí puede conseguir que despidan no a uno, sino a cinco policías municipales que la detienen conduciendo ebria por nuestras calles, como lo dieron a conocer los medios de comunicación.
El es ego que se magnifica con el poder.
Curiosamente Ugartechea se va y Marco Tulio se queda. Este último le regala al primero, la prima lección que debe llevarse por delante todo político que aspire a hacer carrera: que muerto el rey, vive el rey.
¿Podemos juzgarlos? Probablemente lo mismo haríamos nosotros en circunstancias semejantes. Basta echar una mirada objetiva a nuestras actitudes del diario vivir como ciudadanos comunes y corrientes.
Escenas como esta no nos mueven a la reflexión ciudadana. Nos contentan, nos divierten. Nos hacen sentir ese extraño placer a costillas del poderoso. Satirizamos, tuiteamos festivos. Al día siguiente, lo olvidamos como olvidamos casi todas nuestras desgracias públicas y estamos listos para recibir el siguiente affaire. Seguimos siendo humanos, demasiado humanos, atestiguando, sin hacer nada, el psique de una clase política que se degenera inconteniblemente.
Pero a propósito de todo esto ¿qué entiendo yo por “el ego por delante”? El ego en el centro, el egocentrismo. La Real Academia Española nos brinda una definición que no deja aristas: “Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales”.
moisesmolinar@hotmail.com
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jueves, 1 de agosto de 2013
sábado, 27 de julio de 2013
DE BUENAS INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO DEL INFIERNO / EL PRI BUSCA AL “MESSI” DE LA POLÍTICA
"...Porque en la vida política, los errores de una generación, casi siempre los paga la que le sigue"
"… esa pequeña aristocracia moral e intelectual capaz de impedir que la humanidad se hunda en el fango de los egoísmos y apetitos materiales"
G. Mosca
El jueves pasado, se anunciaba en varios espacios de comunicación que el PRI buscaría al “Messi” de la política.
A pesar de lo desafortunado de la comparación, al anuncio del presidente de su órgano de capacitación política, subyace una intención tan noble como necesaria y urgente, aunque no podamos eludir la sabiduría popular que sentencia que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.
Guillermo Deloya, presidente de Consejo Directivo del aún minimizado Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C, organismo especializado del PRI, aprovecho el acto de relanzamiento de la Escuela de Cuadros para anunciar con César Camacho Quiroz uno de esos programas que llamó a quien esto escribe, poderosamente la atención: el reclutamiento de diez jóvenes por entidad federativa para ser capacitados privilegiadamente por lo más granado de la “intelligentsia” priista.
La intención es la formación de 320 jóvenes con perfil político-administrativo en todo el país, listos para incorporarse a la administración pública, a las tareas de partido a nivel comité o a las candidaturas en futuros procesos electorales.
Dos preguntas me resultan obligadas, no con ánimo de crítica quisquillosa sino como parte de nuestro ejercicio cotidiano de reflexión:
1. ¿Por qué relanzar la escuela de Cuadros?
2. ¿Por qué solo 10 en cada entidad federativa?
El antecedente inmediato del PRI es la Escuela de Cuadros que dirigiera hasta 1996 José Encarnación Alfaro. Una reforma de avanzada pero, a todas luces, inoperante, hizo que aquella “escuela” se convirtiera en un instituto y cobrara vida jurídicamente como una asociación civil. EL ICADEP terminó igual o más minimizado que su antecesora. Y es que no se ha tratado de un asunto estructural, ni programático, sino de voluntad. La capacitación política solo han sido prioridad, dentro de la estructura formal e informal del PRI, para los titulares de este tipo de organismos y a veces, ni siquiera eso.
El pragmatismo ha corroído al PRI al exceso de la caquistocracia. Las dirigencias del PRI, con más énfasis en las entidades federativas, han sucumbido al gobierno de los peores. Imposible es pensar que personajes quienes durante su juventud no mostraron esmero en su preparación personal, demuestren –al menos- respeto por la función educadora que tienen los partidos políticos. La capacitación política es por ello función relegada a la última prioridad; los presupuestos destinados a ella, desviados a otros rubros; y los espacios estatutarios correspondientes, agencias de colocación para “cuadros” que no alcanzan lugar en la repartición de carteras o que no “merecen” oportunidad en la toma de decisiones.
El PRI tiene que anunciar el relanzamiento de aquello que en el pasado le dio brillo, para evidenciar que el ICADEP nación, incluso en su nomenclatura con el germen de la confusión y la inoperancia.
Respecto de la segunda pregunta, las precisiones son más palpables. ¿Quiénes serán los diez aristócratas por estado?
¿Cómo se elegirán? Con la escasa información anunciada se avisora un proceso de selección que habrá de tener como su primer filtro un examen escrito y como segundo, entrevistas personales. Se ha anunciado que no serán familiares ni allegados a los priistas prominentes y que los exámenes no serán requisitados con nombre ni apellidos, sino con folio.
Nos gustaría conceder el beneficio de la duda, pero la experiencia es maestra inflexible. Al tiempo.
A más de ello, la capacitación de este cuerpo de élite se anuncia “semi presencial”. Los diez jóvenes de cada estado recibirán sus clases a través de video conferencias. ¿No valdría la pena reclutar el tiempo necesario a estos 320 jóvenes en la ciudad de México? Está muy bien eso de las Tecnologías de la Información y de la comunicación, pero no hay instrumento pedagógico superior al modelo presencial; aquel donde los alumnos pueden interrumpir, cuestionar, en una palabra, interactuar.
O ¿se le teme a algo? Puede ser el costo económico que implicaría. Pero si se habla de becas ulteriores al extranjero, no creo que sea el caso. Además dado el análisis costo-beneficio, el PRI podría costear la manutención de muchos más jóvenes si lo que se busca es realmente lo que se anunció.
Otro temor puede ser que los alumnos rebasen a los maestros. Se han anunciado legisladores y funcionarios priistas como maestros. Hay priistas que se han destacado por su perfil académico, se supone que de esos seleccionarán a los ponentes, aún así puede haber temor. Es muy difícil en nuestra realidad que un ser humano que ha hecho de la política su modus vivendi, se tome tiempo para actualizar sus conocimientos. De entrada, de los priistas de cúpula, solo imagino a César Camacho dando cátedra a las almas jóvenes. Del resto que sistemáticamente vemos en los medios, ninguno.
Finalmente ¿Por qué solo 320? Si esos diez de cada estado tienen su futuro político inmediato asegurado dentro del PRI, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no anunciarlo expresamente? Ello implicaría abrir espacio dentro de un PRI inimaginablemente elitista a esa “nueva aristocracia” a la que se refiere Mosca y nada representa más peligro para un político empoderado que un joven con talento y conocimientos.
Cientos de experiencias hay de marginación, bloqueo, grilla y escarnio en todo el país hacia jóvenes que buscan sin más armas que su intelecto, su tesón y sus buenas intenciones, una oportunidad para hacer historia dentro del PRI. Lo que el político de altos o medianos vuelos busca –salvo honrosas excepciones- no son jóvenes “garbanzos de a libra”, sino peones, incondicionales cuya principal virtud sea la docilidad. El que es dueño de sus ideas y de sus palabras es siempre un peligro, una amenaza que hay que contener, a la que hay que cerrar el paso por todos los medios posibles.
De no ser el caso de asegurar el futuro a estos 320 jóvenes, como tristemente se avisora, ¿por qué no abrir la oportunidad de acceder a las video conferencias a todos lo que quieran? El partido tiene los recursos para abrir canal de internet en el que todo aquel que tenga una computadora y acceso a internet pueda tomar las clases. Y a quienes no, puede abrirles las puertas de los Comités Directivos Estatales y de los Municipales para que ahí mismo se transmitan. Sirve y al PRI en estados que como Oaxaca, parecen sepulcros, vuelve a acercarse la gente.
moisesmolinar@hotmail.com
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sábado, 20 de julio de 2013
LOS “RECHAZADOS” DE LAS UNIVERSIDADES
En sus “Elementi di Scienza Política”, resumido y popularizado en nuestras librerías bajo el título de “La clase política”, Gaetano Mosca nos brinda un análisis histórico de las formas de organización política por las que ha atravesado la humanidad poniendo especial énfasis en sus gobernantes. Durante su explicación de lo que él denomina “Estado Helénico” (aquel que brilló en Grecia desde el inicio del siglo V y hasta el final del IV, antes de Cristo) se lee una fatal reflexión que bien vale la pena traer a nuestros días:
“La falta de una burocracia regular y de un cuerpo de policía permanente encargado de la ejecución de las leyes, hacía necesario que entre la mayoría de los ciudadanos fuera muy poderoso el sentido de la legalidad y el espíritu de sacrificio de los intereses individuales en provecho del interés público, virtudes que eran inculcadas y celebradas en todos a través de la educación.”
No era extraño, entonces, que para Platón y Aristóteles la educación de las generaciones jóvenes, que desde ese tiempo era una de las funciones del gobierno, fuera sinceramente mucho más que retórica.
El problema de los “rechazados” de las universidades se ha vuelto cíclico en nuestro tiempo. Cada periodo de ingreso a las escuelas de educación superior entra a la “agenda setting”. Cientos o decenas (en el caso de algunos estados) de jóvenes se movilizan exigiendo espacios en las escuelas que les negaron el ingreso a estudiar alguna carrera. De seguir esto así, tendremos a la vuelta de la esquina, jóvenes exigiendo en la calles y ante los medios, su ingreso a las escuelas de educación media superior que sufren o contienen con más o menos éxito, desde hace ya varios años, el mismo problema: el sobrecupo.
Aparece una nueva dialéctica, donde las dos partes tienen algo de razón. Por un lado, una educación de calidad es imposible en el hacinamiento. Me encontré con la Revista “Docencia”, una publicación chilena de pedagogía, que categórica limita a 36, el número de alumnos por clase. Aunque no existe uniformidad en el criterio, elementos importantísimos en el proceso de enseñanza como la eficaz comunicación catedrático-alumno, con todo lo que ella implica, pasan para su éxito, por el número de alumnos, el tamaño del aula y el tiempo de clase.
Yo mismo recuerdo aquellas mañanas previas a la primera clase, cuando en la Facultad de derecho de la UABJO la disputa por las butacas se daba sin cuartel y al final algunos tenían que tomar la clase de pie o en algún espacio disponible en el piso. La mayoría de mis maestros fueron excelentes, pero las condiciones en que afrontábamos las clases confirmaban la voz común por aquellos días: “En la UABJO, el que quiere aprende” o aquella otra: “de la UABJO salen los peores, pero también los mejores”.
Por el otro lado, no hay argumento que yo haya encontrado válido para dejar a un joven sin educación en México; ni la pobreza, ni la mala formación previa debían ser motivos. De lo contrario que se modifique la constitución y se le excluya al menos, a la educación, de la parte dogmática. Que ya no sea parte de las garantías individuales o que se suprima el enunciado que abre el artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”.
De por sí, la educación ya no es tan laica, ni tan gratuita. Y aún a pesar de no ser educación que imparta el Estado, la universitaria cuenta constitucionalmente con la promoción y la atención por parte del Estado Mexicano.
El tema pasa por la famosa autonomía universitaria que implica su autogobieno. Como siempre, el problema es de dinero. Sin dinero no hay espacios físicos (que además tienen que ser de calidad), ni personal calificado para afrontar la demanda de aprendizaje.
Son ocho mil los “rechazados” de la UABJO este año; y en el caso de la UNAM, la cifra mueve al azoramiento: de los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el examen de selección para ingresar a alguna de las más de 100 carreras que ofrece, sólo fueron seleccionados 10 mil 916, equivalentes a 8.6 por ciento. 9 de cada diez no fueron admitidos.
Es un tema, para nada sencillo, que no se resolverá sin dinero. La solución tampoco está en los grupos políticos formados en torno a este problema en forma de uniones o frentes estudiantiles. No dudamos de la buena fe de algunos de ellos, pero el juicio de la ciudadanía es mayoritariamente negativo derivado de la violencia de sus acciones. No pueden ganar legitimidad aunque le legitimidad de sus demandas esté fuera de toda duda, grupos que salen a las calles a dañar el patrimonio cultural o la propiedad privada. Las capuchas y los botes de pintura en aerosol son el peor enemigo de este tipo de organizaciones que dicen ir contra el porrismo, pero terminan comportándose exactamente igual y se quedan por ello, sin el necesario respaldo social.
La ciudadanía queda en medio, indispuesta de apoyar a los menos peores. Un problema de dinámica poblacional no puede verse fácilmente. No hay donde meterlos y por si poco fuera, la mayoría quieren estudiar carreras históricamente saturadas y para las cuales, no hay prácticamente futuro laboral posible.
México está importando soldadores coreanos, por solo citar un ejemplo, irrisorio – si usted, amable lector- quiere verlo así. Pero si un joven quiere estudiar la licenciatura en derecho, ni el mismo presidente de la república puede hacer nada al respecto. Es su derecho, es su deseo y puede que hasta su vocación. No se puede obligar a nadie a estudiar algo que no quiere, aunque no tenga razones de peso para estudiar eso en lo cual se empecina.
No quiero seguir abusando del espacio. Solo diré que únicamente nos queda reflexionar. Integrar esta preocupación a nuestra conciencia cívica. Estar al pendiente como sociedad de su desarrollo y seguir generando opinión.
Ojalá de la nueva reforma fiscal y hacendaria en puerta, de entre todo lo malo que pudiera tener, salga al menos, dinero para las universidades. Ojo, para las universidades, no para sus rectores ni sus funcionarios. A ellos también hay que tenerlos bien vigilados. Lo peor que podríamos hacer es permanecer apáticos, indiferentes. Estar al pendiente y opinar, es participación, es ciudadanía.
Cierro con Bobbio: “…El primer problema que se le presenta es el relativo a las calidades que hacen falta para formar parte de una determinada clase política… Mosca ambicionaba un Estado en el cual la cultura pudiese constituir el carácter distintivo de la clase política del futuro”.
moisesmolinar@hotmail.com
Twitter:@MoisesMolina
“La falta de una burocracia regular y de un cuerpo de policía permanente encargado de la ejecución de las leyes, hacía necesario que entre la mayoría de los ciudadanos fuera muy poderoso el sentido de la legalidad y el espíritu de sacrificio de los intereses individuales en provecho del interés público, virtudes que eran inculcadas y celebradas en todos a través de la educación.”
No era extraño, entonces, que para Platón y Aristóteles la educación de las generaciones jóvenes, que desde ese tiempo era una de las funciones del gobierno, fuera sinceramente mucho más que retórica.
El problema de los “rechazados” de las universidades se ha vuelto cíclico en nuestro tiempo. Cada periodo de ingreso a las escuelas de educación superior entra a la “agenda setting”. Cientos o decenas (en el caso de algunos estados) de jóvenes se movilizan exigiendo espacios en las escuelas que les negaron el ingreso a estudiar alguna carrera. De seguir esto así, tendremos a la vuelta de la esquina, jóvenes exigiendo en la calles y ante los medios, su ingreso a las escuelas de educación media superior que sufren o contienen con más o menos éxito, desde hace ya varios años, el mismo problema: el sobrecupo.
Aparece una nueva dialéctica, donde las dos partes tienen algo de razón. Por un lado, una educación de calidad es imposible en el hacinamiento. Me encontré con la Revista “Docencia”, una publicación chilena de pedagogía, que categórica limita a 36, el número de alumnos por clase. Aunque no existe uniformidad en el criterio, elementos importantísimos en el proceso de enseñanza como la eficaz comunicación catedrático-alumno, con todo lo que ella implica, pasan para su éxito, por el número de alumnos, el tamaño del aula y el tiempo de clase.
Yo mismo recuerdo aquellas mañanas previas a la primera clase, cuando en la Facultad de derecho de la UABJO la disputa por las butacas se daba sin cuartel y al final algunos tenían que tomar la clase de pie o en algún espacio disponible en el piso. La mayoría de mis maestros fueron excelentes, pero las condiciones en que afrontábamos las clases confirmaban la voz común por aquellos días: “En la UABJO, el que quiere aprende” o aquella otra: “de la UABJO salen los peores, pero también los mejores”.
Por el otro lado, no hay argumento que yo haya encontrado válido para dejar a un joven sin educación en México; ni la pobreza, ni la mala formación previa debían ser motivos. De lo contrario que se modifique la constitución y se le excluya al menos, a la educación, de la parte dogmática. Que ya no sea parte de las garantías individuales o que se suprima el enunciado que abre el artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”.
De por sí, la educación ya no es tan laica, ni tan gratuita. Y aún a pesar de no ser educación que imparta el Estado, la universitaria cuenta constitucionalmente con la promoción y la atención por parte del Estado Mexicano.
El tema pasa por la famosa autonomía universitaria que implica su autogobieno. Como siempre, el problema es de dinero. Sin dinero no hay espacios físicos (que además tienen que ser de calidad), ni personal calificado para afrontar la demanda de aprendizaje.
Son ocho mil los “rechazados” de la UABJO este año; y en el caso de la UNAM, la cifra mueve al azoramiento: de los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el examen de selección para ingresar a alguna de las más de 100 carreras que ofrece, sólo fueron seleccionados 10 mil 916, equivalentes a 8.6 por ciento. 9 de cada diez no fueron admitidos.
Es un tema, para nada sencillo, que no se resolverá sin dinero. La solución tampoco está en los grupos políticos formados en torno a este problema en forma de uniones o frentes estudiantiles. No dudamos de la buena fe de algunos de ellos, pero el juicio de la ciudadanía es mayoritariamente negativo derivado de la violencia de sus acciones. No pueden ganar legitimidad aunque le legitimidad de sus demandas esté fuera de toda duda, grupos que salen a las calles a dañar el patrimonio cultural o la propiedad privada. Las capuchas y los botes de pintura en aerosol son el peor enemigo de este tipo de organizaciones que dicen ir contra el porrismo, pero terminan comportándose exactamente igual y se quedan por ello, sin el necesario respaldo social.
La ciudadanía queda en medio, indispuesta de apoyar a los menos peores. Un problema de dinámica poblacional no puede verse fácilmente. No hay donde meterlos y por si poco fuera, la mayoría quieren estudiar carreras históricamente saturadas y para las cuales, no hay prácticamente futuro laboral posible.
México está importando soldadores coreanos, por solo citar un ejemplo, irrisorio – si usted, amable lector- quiere verlo así. Pero si un joven quiere estudiar la licenciatura en derecho, ni el mismo presidente de la república puede hacer nada al respecto. Es su derecho, es su deseo y puede que hasta su vocación. No se puede obligar a nadie a estudiar algo que no quiere, aunque no tenga razones de peso para estudiar eso en lo cual se empecina.
No quiero seguir abusando del espacio. Solo diré que únicamente nos queda reflexionar. Integrar esta preocupación a nuestra conciencia cívica. Estar al pendiente como sociedad de su desarrollo y seguir generando opinión.
Ojalá de la nueva reforma fiscal y hacendaria en puerta, de entre todo lo malo que pudiera tener, salga al menos, dinero para las universidades. Ojo, para las universidades, no para sus rectores ni sus funcionarios. A ellos también hay que tenerlos bien vigilados. Lo peor que podríamos hacer es permanecer apáticos, indiferentes. Estar al pendiente y opinar, es participación, es ciudadanía.
Cierro con Bobbio: “…El primer problema que se le presenta es el relativo a las calidades que hacen falta para formar parte de una determinada clase política… Mosca ambicionaba un Estado en el cual la cultura pudiese constituir el carácter distintivo de la clase política del futuro”.
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sábado, 13 de julio de 2013
¿JUICIO POLÍTICO A ALBERTO ALONSO CRIOLLO?
Nunca como ahora se había exhibido tanta incapacidad en los más inmediatos encargados de llevar a buen puerto la organización de las elecciones 2013: los consejeros electorales distritales y municipales que, con honrosas excepciones, han hecho de prácticamente todas las etapas del proceso electoral un viacrucis para sus jefes, en especial para el consejero presidente del IEEPCO.
Cuestionamos en este mismo espacio el pasado 24 de junio, la manera en cómo dichos consejos habrían sido integrados bajo cualquier tipo de criterios, menos los que debía prevalecer en un asunto tan delicado como la operatividad de la elección: el académico y el de la experiencia.
A la distancia vemos que las resultantes no solo fueron el deficiente reclutamiento y pobre capacitación brindada a los funcionarios de casilla. Los problemas no se acabaron con la jornada electoral; vinieron errores en los escrutinios de casilla y en los cómputos distritales, que ahora tienen al Maestro Alberto Alonso Criollo amenazado con un Juicio Político por aquellos mismos que lo eligieron para presidir el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca: los diputados.
Un imperdonable error (no quiero pensar que haya sido conducta dolosa) de la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Oaxaca de Juárez provocó un enredo político y al final la ira de los legisladores aliados del candidato perdedor Francisco Reyes.
Le platico –amable lector-. Paseando por el famoso twitter (a donde les invito a seguirme en @MoisesMolina) me encontré la noche del jueves pasado un mensaje de la diputada local Marlene Aldeco que no se podía interpretar en tal tono, más que como una amenaza con destino a ser cumplida. Era el siguiente: “Debido a la actitud omisa, negligente y cómplice de
Alonso Criollo, con Flavio Sosa y Pável López solicitaremos (sic) juicio político”
Flavio Sosa, Pavel López y ella estarían iniciando inéditamente en el Oaxaca de los últimos tiempos un Juicio Político.
¿Pero qué es un Juicio Político? ¿Procede contra Alberto Alonso? ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿Debemos apoyar a nuestros diputados en esta solicitud?
Comenzaré diciendo que, dimensionándolo a la realidad oaxaqueña, un Juicio político es un procedimiento jurisdiccional iniciado a partir de una denuncia que puede formular cualquier ciudadano, cuya instrumentación ha sido encomendada al poder legislativo y que tiene por objeto la investigación de las conductas de los servidores públicos de alta jerarquía a que se refiere el artículo 117 de la Constitución local, a efecto de determinar la responsabilidad política puesta de manifiesto en dichas conductas y aplicar las sanciones correspondientes.
¿Está el cargo que ostenta Alberto Alonso está en el breve catálogo del 117 constitucional local? Si
¿Procede el Juicio Político contra él? Si lo solicitan tres diputados, seguramente se iniciará el procedimiento, pero
¿Qué se necesita para que se le impongan las sanciones? El voto de las dos terceras partes de los diputados.
Para que Alberto Alonso sea separado de su cargo (destitución) dice la ley y, en su caso, inhabilitado, se necesita la votación de 28 de los 42 diputados locales.
Usted probablemente no entienda la voluntad caprichosa de nuestros legisladores, quizás no le haga lógica pensar que hoy estén buscando su destitución, los mismos que lo eligieron con su voto para ser consejero presidente del IEEPCO hace no mucho tiempo.
Nuestros diputados, a diferencia de su lógica –amable lector-, siempre están pensando en elecciones y su condición constitucionalmente privilegiada, les permite llevar no solo a tribuna, sino a comisiones, este tipo de ocurrencias nacidas del despecho electoral. Ojalá con la misma presteza anunciaran el descongelamiento de un buen número de iniciativas que no tienen para cuando.
El desempeño de Alberto Alonso, que es solo una pieza (la más importante, sí) pero solo una, en el engranaje del IEEPCO, debía ser ponderado en circunstancias diferentes, no al calor de la exaltación electoral. En todo caso, ¿Por qué no piden juicio político también contra el Director, el Secretario General y los Consejeros Electorales del mismo Instituto Estatal Electoral? También los considera el 117 de nuestra constitución local.
¿Qué aducirán los diputados en su solicitud de juicio? Cualquier cosa que sus asesores hagan cuadrar con lo que la ley pide. Será cosa de trámite. Pero dado lo que pudimos leer en el apasionado tweet de la diputada Aldeco, les adelanto que por “actitud” no puede ser enjuiciado políticamente, nadie. Pero será fácil justificar lo que la ley pide para que Alonso sea imputado: que “en ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, cualquier cosa que esto pudiera significar.
¿Qué pasó realmente? ¿Qué desató la ira de los diputados aficionados al derecho electoral, al exceso del twitteo fácil, irresponsable y descuidado? La confusión que la susodicha presidenta del Consejo Municipal Electoral de Oaxaca de Juárez, desató con su impericia o mala fe.
Nuestro CIPPEO ordena que cuando la diferencia de votación entre el candidato ganador y el que le sigue, sea menor o igual al 1%, se puede A PETICIÓN DE PARTE, proceder al famoso recuento de votos. El PREP arrojaba una diferencia del 1.04% entre Javier Villacaña y Francisco Reyes, diferencia que difícilmente iba a cambiar en lo que procedía. ¿Qué procedía? Hacer el cómputo de LAS ACTAS en el consejo municipal, tal como lo marca el “librito”. Y una vez hecho el cómputo, proceder, A PETICIÓN DE PARTE, a la apertura de los PAQUETES ELECTORALES y al recuento de los votos.
A la presidenta se le hizo fácil ceder a la presión o a la ignorancia (o ambas) de los coalicionistas y se dispuso, hasta donde se informó, a recontar los votos antes de hacer el cómputo de las actas, cuando la ley es clara, muy clara en ese sentido y no se tenía siquiera que interpretar.
Eso tiene ahora, al menos a tres diputados, contra el presidente del IEEPCO. El meollo del asunto está en discernir si Alonso Criollo merece o no el mentado Juicio Político.
Siguiendo a Raúl F. Cárdenas diremos en forma breve y llana que el objeto del Juicio Político es destituir de su cargo a quienes han hecho mal uso del mismo. ¿Ha hecho Alonso mal uso del suyo?
La ciudadanía pasa por la opinión informada y esta, a su vez, pasa por el conocimiento de nuestras leyes. Formarse un juicio y opinar sin conocer la ley, ha sido génesis de muchos de nuestros desencuentros como comunidad política. Con el conocimiento puntual de la ley electoral, el juicio podría ser más objetivo y menos apasionado.
Lo cierto es que Alberto Alonso estará, de persistir el mismo ánimo de Aldeco, López y Sosa, a merced de los diputados cuya decisión final será “inatacable”. Afortunadamente para Criollo y desafortunadamente para el estado de derecho, de mantenerse el triunfo de Javier Villacaña, en automático, los legisladores del PRI y sus aliados -al menos- deberían estar, hipotéticamente, votando en contra del juicio político. Faltará además ver qué diga el todopoderoso en el congreso: el Gobernador del estado.
moisesmolinar@hotmail.com
Twitter @MoisesMolina
Cuestionamos en este mismo espacio el pasado 24 de junio, la manera en cómo dichos consejos habrían sido integrados bajo cualquier tipo de criterios, menos los que debía prevalecer en un asunto tan delicado como la operatividad de la elección: el académico y el de la experiencia.
A la distancia vemos que las resultantes no solo fueron el deficiente reclutamiento y pobre capacitación brindada a los funcionarios de casilla. Los problemas no se acabaron con la jornada electoral; vinieron errores en los escrutinios de casilla y en los cómputos distritales, que ahora tienen al Maestro Alberto Alonso Criollo amenazado con un Juicio Político por aquellos mismos que lo eligieron para presidir el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca: los diputados.
Un imperdonable error (no quiero pensar que haya sido conducta dolosa) de la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Oaxaca de Juárez provocó un enredo político y al final la ira de los legisladores aliados del candidato perdedor Francisco Reyes.
Le platico –amable lector-. Paseando por el famoso twitter (a donde les invito a seguirme en @MoisesMolina) me encontré la noche del jueves pasado un mensaje de la diputada local Marlene Aldeco que no se podía interpretar en tal tono, más que como una amenaza con destino a ser cumplida. Era el siguiente: “Debido a la actitud omisa, negligente y cómplice de
Alonso Criollo, con Flavio Sosa y Pável López solicitaremos (sic) juicio político”
Flavio Sosa, Pavel López y ella estarían iniciando inéditamente en el Oaxaca de los últimos tiempos un Juicio Político.
¿Pero qué es un Juicio Político? ¿Procede contra Alberto Alonso? ¿Cuáles serían sus consecuencias? ¿Debemos apoyar a nuestros diputados en esta solicitud?
Comenzaré diciendo que, dimensionándolo a la realidad oaxaqueña, un Juicio político es un procedimiento jurisdiccional iniciado a partir de una denuncia que puede formular cualquier ciudadano, cuya instrumentación ha sido encomendada al poder legislativo y que tiene por objeto la investigación de las conductas de los servidores públicos de alta jerarquía a que se refiere el artículo 117 de la Constitución local, a efecto de determinar la responsabilidad política puesta de manifiesto en dichas conductas y aplicar las sanciones correspondientes.
¿Está el cargo que ostenta Alberto Alonso está en el breve catálogo del 117 constitucional local? Si
¿Procede el Juicio Político contra él? Si lo solicitan tres diputados, seguramente se iniciará el procedimiento, pero
¿Qué se necesita para que se le impongan las sanciones? El voto de las dos terceras partes de los diputados.
Para que Alberto Alonso sea separado de su cargo (destitución) dice la ley y, en su caso, inhabilitado, se necesita la votación de 28 de los 42 diputados locales.
Usted probablemente no entienda la voluntad caprichosa de nuestros legisladores, quizás no le haga lógica pensar que hoy estén buscando su destitución, los mismos que lo eligieron con su voto para ser consejero presidente del IEEPCO hace no mucho tiempo.
Nuestros diputados, a diferencia de su lógica –amable lector-, siempre están pensando en elecciones y su condición constitucionalmente privilegiada, les permite llevar no solo a tribuna, sino a comisiones, este tipo de ocurrencias nacidas del despecho electoral. Ojalá con la misma presteza anunciaran el descongelamiento de un buen número de iniciativas que no tienen para cuando.
El desempeño de Alberto Alonso, que es solo una pieza (la más importante, sí) pero solo una, en el engranaje del IEEPCO, debía ser ponderado en circunstancias diferentes, no al calor de la exaltación electoral. En todo caso, ¿Por qué no piden juicio político también contra el Director, el Secretario General y los Consejeros Electorales del mismo Instituto Estatal Electoral? También los considera el 117 de nuestra constitución local.
¿Qué aducirán los diputados en su solicitud de juicio? Cualquier cosa que sus asesores hagan cuadrar con lo que la ley pide. Será cosa de trámite. Pero dado lo que pudimos leer en el apasionado tweet de la diputada Aldeco, les adelanto que por “actitud” no puede ser enjuiciado políticamente, nadie. Pero será fácil justificar lo que la ley pide para que Alonso sea imputado: que “en ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, cualquier cosa que esto pudiera significar.
¿Qué pasó realmente? ¿Qué desató la ira de los diputados aficionados al derecho electoral, al exceso del twitteo fácil, irresponsable y descuidado? La confusión que la susodicha presidenta del Consejo Municipal Electoral de Oaxaca de Juárez, desató con su impericia o mala fe.
Nuestro CIPPEO ordena que cuando la diferencia de votación entre el candidato ganador y el que le sigue, sea menor o igual al 1%, se puede A PETICIÓN DE PARTE, proceder al famoso recuento de votos. El PREP arrojaba una diferencia del 1.04% entre Javier Villacaña y Francisco Reyes, diferencia que difícilmente iba a cambiar en lo que procedía. ¿Qué procedía? Hacer el cómputo de LAS ACTAS en el consejo municipal, tal como lo marca el “librito”. Y una vez hecho el cómputo, proceder, A PETICIÓN DE PARTE, a la apertura de los PAQUETES ELECTORALES y al recuento de los votos.
A la presidenta se le hizo fácil ceder a la presión o a la ignorancia (o ambas) de los coalicionistas y se dispuso, hasta donde se informó, a recontar los votos antes de hacer el cómputo de las actas, cuando la ley es clara, muy clara en ese sentido y no se tenía siquiera que interpretar.
Eso tiene ahora, al menos a tres diputados, contra el presidente del IEEPCO. El meollo del asunto está en discernir si Alonso Criollo merece o no el mentado Juicio Político.
Siguiendo a Raúl F. Cárdenas diremos en forma breve y llana que el objeto del Juicio Político es destituir de su cargo a quienes han hecho mal uso del mismo. ¿Ha hecho Alonso mal uso del suyo?
La ciudadanía pasa por la opinión informada y esta, a su vez, pasa por el conocimiento de nuestras leyes. Formarse un juicio y opinar sin conocer la ley, ha sido génesis de muchos de nuestros desencuentros como comunidad política. Con el conocimiento puntual de la ley electoral, el juicio podría ser más objetivo y menos apasionado.
Lo cierto es que Alberto Alonso estará, de persistir el mismo ánimo de Aldeco, López y Sosa, a merced de los diputados cuya decisión final será “inatacable”. Afortunadamente para Criollo y desafortunadamente para el estado de derecho, de mantenerse el triunfo de Javier Villacaña, en automático, los legisladores del PRI y sus aliados -al menos- deberían estar, hipotéticamente, votando en contra del juicio político. Faltará además ver qué diga el todopoderoso en el congreso: el Gobernador del estado.
moisesmolinar@hotmail.com
Twitter @MoisesMolina
miércoles, 10 de julio de 2013
SI NO VOTÓ, NO SE QUEJE.
Al cierre de esta entrega, se había computado poco más del 80 por ciento de los votos en los consejos distritales de Oaxaca para la elección de diputados por mayoría relativa. Ixtlán, Tlacolula de Matamoros, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec, Pinotepa Nacional, Putla Villa de Guerrero, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Heroica Ciudad de Huajuapan, Nochixtlán, Ocotlán, Juchitán, Matías Romero y Acatlán de Pérez Figueroa son los distritos locales electorales donde se habían contado los votos ya en su totalidad e imperó la tendencia arrojada por el PREP, quedando pendientes para mañana 11 de julio los cómputos de los votos para presidentes municipales.
Una de las consecuencias de la crisis de nuestro sistema electoral será sin duda la judicialización de las elecciones.
No se debía ganar en los tribunales lo que no se ganó con contundencia en las urnas. Es mi punto de vista.
Dos distritos (Miahuatlán y Pinotepa) tienen garantizado el pleito en tribunales de pronóstico reservado; y no menos municipios serán los que corran la misma suerte.
El 53 por ciento de participación ciudadana no es una cifra que se deba festinar. Acostumbrados como ya estamos al relativismo, dichos números parecen un triunfo, pero el hecho de que casi la mitad de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y con credencial para votar en el bolsillo no hayan ido a las urnas es preocupante, aunque se trate de una elección intermedia. Ninguna elección debía tener tal nivel de abstencionismo, menos cuando la “supuesta” elección intermedia ya no es tan intermedia como antaño. Antes se elegían diputados locales en una jornada y presidentes municipales en la otra. Ahora las dos concurren y son elecciones para estos últimos cargos las que más sacan a votar a la gente.
Manuel León y Paloma Fuentes, dos jóvenes limpia y sinceramente comprometidos y con la camiseta del IEEPCO bien puesta me daban sus válidas razones para que los órganos electorales locales prevalecieran ante la propuesta que circula de crear un Instituto Nacional de Elecciones que asuma (no centralice) las funciones del IFE y de los propios Institutos Locales, sobre todo en estados como Oaxaca con fuerte presencia indígena y consecuentemente de Usos y Costumbres, hoy llamados Sistemas Normativos Internos, por nuestra ley local.
La búsqueda de culpables (mucho menos la individualización de las culpas), no resuelve este gran problema; pero tampoco la evasión de responsabilidades. Al final es un asunto de cultura que pasa por todos.
La realidad es que fue una elección de movilización, de acarreo, pues. En un desolador escenario de escasa participación, ganaron quien movilizó más y mejor. De ese 53% que fue a votar, ¿cuántos lo hicieron sin que mediara invitación, acarreo, movilización o motivación de parte del equipo de algún candidato? Yo creo que muy pocos. La mayoría fue a votar por compromiso; porque es voto duro, porque algo le dieron o porque hay amistad. Pocos fueron en cumplimiento a la obligación cívica.
Se supone que en un escenario de abstencionismo el más beneficiado es el PRI. ¿Qué pasó entonces? Pasó que los priístas no hicieron bien la tarea. El rumor creciente de la simulación al interior de las estructuras electorales del tricolor cobra cada vez más visos de verdad. El electorado que siempre vota, se ha hecho tramposo, cada vez inmune al compromiso. La fidelidad al partido o al candidato es un recurso cada vez menos abundante (después diremos: cada vez más escaso).
La oposición al PRI aún no perfecciona sus estrategias de movilización y en el PRI se está perdiendo pericia al hacerlo. Grande es, sin embargo, el mérito de los candidatos priistas ganadores y de sus equipos. Hay que reconocérselos. Ganaron su elección defendiendo las siglas de un partido que por el momento no existe en Oaxaca. Sus dirigentes son diputados locales desde antes de iniciar las campañas y por ello fueron los primeros simuladores. El trabajo de campaña se redujo, para ellos, en posar para las fotos de algunos eventos, incluso de quienes ingenuamente estaban siendo llevados al matadero. Tan kafkiano es Oaxaca que no conformes, con esto, sus contrapartes candidatos triunfantes llevarán a estos mismos dirigentes (que una vez diputados, no querrán dejar de ser dirigentes) a coordinar la bancada priista en el congreso, cuando un criterio natural sería, hacer coordinador de la fracción a quien hubiese obtenido más decorosamente el triunfo en su distrito o a alguien que, al menos, haya competido.
Este proceso electoral fue, en el mejor sentido que se le pueda dar al término, mediocre. Del porcentaje de participación ciudadana en cada distrito y municipio ¿con cuanto ganó cada diputado y presidente municipal? En promedio con el 40% de ese 50% que fue a las urnas. En términos absolutos cada diputado y cada presidente municipal estarán representando al 30% del electorado, a 3 de cada 10 ciudadanos mayores de 18 años con credencial para votar.
Queda mucho por hacer en este desolador panorama, pero, en lo dicho: Si usted –amable lector- no votó, no se queje.
moisesmolinar@hotmail.com
Twitter: @MoisesMolina
Una de las consecuencias de la crisis de nuestro sistema electoral será sin duda la judicialización de las elecciones.
No se debía ganar en los tribunales lo que no se ganó con contundencia en las urnas. Es mi punto de vista.
Dos distritos (Miahuatlán y Pinotepa) tienen garantizado el pleito en tribunales de pronóstico reservado; y no menos municipios serán los que corran la misma suerte.
El 53 por ciento de participación ciudadana no es una cifra que se deba festinar. Acostumbrados como ya estamos al relativismo, dichos números parecen un triunfo, pero el hecho de que casi la mitad de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y con credencial para votar en el bolsillo no hayan ido a las urnas es preocupante, aunque se trate de una elección intermedia. Ninguna elección debía tener tal nivel de abstencionismo, menos cuando la “supuesta” elección intermedia ya no es tan intermedia como antaño. Antes se elegían diputados locales en una jornada y presidentes municipales en la otra. Ahora las dos concurren y son elecciones para estos últimos cargos las que más sacan a votar a la gente.
Manuel León y Paloma Fuentes, dos jóvenes limpia y sinceramente comprometidos y con la camiseta del IEEPCO bien puesta me daban sus válidas razones para que los órganos electorales locales prevalecieran ante la propuesta que circula de crear un Instituto Nacional de Elecciones que asuma (no centralice) las funciones del IFE y de los propios Institutos Locales, sobre todo en estados como Oaxaca con fuerte presencia indígena y consecuentemente de Usos y Costumbres, hoy llamados Sistemas Normativos Internos, por nuestra ley local.
La búsqueda de culpables (mucho menos la individualización de las culpas), no resuelve este gran problema; pero tampoco la evasión de responsabilidades. Al final es un asunto de cultura que pasa por todos.
La realidad es que fue una elección de movilización, de acarreo, pues. En un desolador escenario de escasa participación, ganaron quien movilizó más y mejor. De ese 53% que fue a votar, ¿cuántos lo hicieron sin que mediara invitación, acarreo, movilización o motivación de parte del equipo de algún candidato? Yo creo que muy pocos. La mayoría fue a votar por compromiso; porque es voto duro, porque algo le dieron o porque hay amistad. Pocos fueron en cumplimiento a la obligación cívica.
Se supone que en un escenario de abstencionismo el más beneficiado es el PRI. ¿Qué pasó entonces? Pasó que los priístas no hicieron bien la tarea. El rumor creciente de la simulación al interior de las estructuras electorales del tricolor cobra cada vez más visos de verdad. El electorado que siempre vota, se ha hecho tramposo, cada vez inmune al compromiso. La fidelidad al partido o al candidato es un recurso cada vez menos abundante (después diremos: cada vez más escaso).
La oposición al PRI aún no perfecciona sus estrategias de movilización y en el PRI se está perdiendo pericia al hacerlo. Grande es, sin embargo, el mérito de los candidatos priistas ganadores y de sus equipos. Hay que reconocérselos. Ganaron su elección defendiendo las siglas de un partido que por el momento no existe en Oaxaca. Sus dirigentes son diputados locales desde antes de iniciar las campañas y por ello fueron los primeros simuladores. El trabajo de campaña se redujo, para ellos, en posar para las fotos de algunos eventos, incluso de quienes ingenuamente estaban siendo llevados al matadero. Tan kafkiano es Oaxaca que no conformes, con esto, sus contrapartes candidatos triunfantes llevarán a estos mismos dirigentes (que una vez diputados, no querrán dejar de ser dirigentes) a coordinar la bancada priista en el congreso, cuando un criterio natural sería, hacer coordinador de la fracción a quien hubiese obtenido más decorosamente el triunfo en su distrito o a alguien que, al menos, haya competido.
Este proceso electoral fue, en el mejor sentido que se le pueda dar al término, mediocre. Del porcentaje de participación ciudadana en cada distrito y municipio ¿con cuanto ganó cada diputado y presidente municipal? En promedio con el 40% de ese 50% que fue a las urnas. En términos absolutos cada diputado y cada presidente municipal estarán representando al 30% del electorado, a 3 de cada 10 ciudadanos mayores de 18 años con credencial para votar.
Queda mucho por hacer en este desolador panorama, pero, en lo dicho: Si usted –amable lector- no votó, no se queje.
moisesmolinar@hotmail.com
Twitter: @MoisesMolina
viernes, 28 de junio de 2013
ELECCIONES: UN ASUNTO DE 40-40-20
“… la imagen del candidato y las propuestas conectadas a beneficios para los electores, se vuelven más importantes que la ideología, que el dinero; que los ataques, tácticas e incluso, que el poder del partido mismo. Quienes reaccionen con ideas prácticas basadas en una estrategia que contemple estas nuevas diferenciaciones en las actitudes de los públicos, incrementarán su influencia a diferencia de los que sólo esgriman formulaciones ideológicas u ocurrencias creativas o emotivas”
C.F.R
ELECCIONES: UN ASUNTO DE 40-40-20
Hurgando entre mis archivos -práctica de sepulturero y desenterrador-, me encontré con uno que amablemente nos compartió Carlos Flores Rico en uno de esos cursos para Directores de Estrategia en el CEN del PRI. Para aquel momento el libro aún no era publicado y lo bebimos en exclusiva, en su versión electrónica a través de la pantalla luminiscente. Su título era revelador y muy pertinente para el momento que estamos viviendo en 14 estados del país incluido Oaxaca:”DE ESTRATEGIA Y ESAS COSAS PARA GANAR ELECCIONES”. Confieso que no he indagado si el texto llegó a manos de alguna editorial.
Aunque Flores Rico tiene, político como es, muchos detractores en el mundo académico y no obstante podamos, con razón o sin ella, apilar autores con opiniones más autorizadas sobre el tema, no podemos negarle al tamaulipeco la superioridad que dan las visitas recurrentes a la línea de fuego, al terreno de los hechos, a las campañas político-electorales en México.
Probablemente usted –amable lector- no conozca la naturaleza del comportamiento del electorado, la segmentación del 40-40-20, popular entre los estrategas político-electorales. Se la explico para que tenga más claro, sin que sea definitivo, quiénes pueden ganar estas elecciones en el municipio y distrito donde usted votará.
Existe entre los electores con credencial de elector en mano, un 40 por ciento que se reparte en fidelidades a los partidos políticos. Todos los partidos conservan, por mínima que sea, una base (llamada por la mayoría voto duro) que le es leal, que pase lo que pase, no cambia y mantiene con cada elección, el sentido de su voto. En ese 40 por ciento cabe el voto duro de todos los partidos políticos, probablemente sea usted parte de él.
Otra proporción igual se compone de quienes apáticos, se despreocupan de todo cuanto tenga que ver con elecciones y no votan. Es el 40 por ciento de los abstencionistas, esos que nunca o rara vez votan.
Y el 20 por ciento restante, que es a quienes podemos decir van dirigidas propiamente las campañas; ciudadanos participativos que siempre o casi siempre votan, pero no en el mismo sentido. Son ellos quienes, probablemente como usted, definen las elecciones. En ocasiones –cada vez menos- votan por el partido, a veces por el candidato, sin importar el partido que lo haya postulado; una jornada electoral votan rojo y a la siguiente azul o amarillo. No tienen compromiso (ya no digamos ideológico) de ninguna índole y el sentido de su voto depende de las más insospechadas razones.
El hecho de pertenecer a este privilegiado 20 por ciento no implica que razone su voto, que compare opciones, que investigue y contraste; implica solamente que su voto irá conforme a lo que cree más conveniente o responda mejor a sus intereses.
Buena parte del 40% inicial, del voto duro, ha emigrado hacia este segmento. Se hace portador de un voto de conveniencia, de inconformidad o de castigo. Cada vez son más conocidos los casos de “militantes” -hasta distinguidos- de los partidos políticos que, inconformes, no le entregan a “su” partido el voto. Pueden estar inconformes con el partido, con el candidato o con ambos.
Pero se supone, al límite de la ortodoxia, que son los que pertenecen a este quinto final los destinatarios de toda esa parafernalia que llamamos “campaña electoral”
¿Se ha preguntado –amable lector- qué es una campaña electoral como las que estamos afrontando candidatos y electores? Si es usted acucioso, convendrá conmigo en que no es otra cosa que un ejercicio de comunicación. Un proceso en que, medianamente, si se quiere seguir el modelo propuesto por el lingüista ruso Roman Jackobson existen los siguientes elementos: emisor, mensaje, receptor, referente, código, canal y retorno; algo qué decir, alguien que lo diga, cómo decirlo, a través de qué medio decirlo y alguien que reciba el mensaje como receptor o como destinatario. A esta sencilla lógica obedecen los resultados, la determinación de ganadores o perdedores.
Al menos este 20 final, necesita buenos ejercicios de comunicación que le refieran motivación para entregar su voto; espera ser seducido por algún candidato en particular para premiar su esfuerzo en las urnas.
¿Qué están haciendo a este respecto las candidatas y los candidatos?
Del epígrafe de esta columna podemos tomar parámetro y juzgar. Los candidatos ¿le han seducido? ¿Ha encontrado en las campañas que estamos viviendo coincidencia con lo aquí planteado? ¿Han sido eficaces ejercicios de comunicación? ¿Le han servido a usted los mensajes emitidos? O, a partir de esto, ¿infiere usted que han sido carnaval de ocurrencias y descalificaciones?
Una campaña electoral debe reforzar el apoyo de las bases y conseguir el despliegue entre los que no son incondicionales. Es decir, debe motivar a los propios y convencer a los ajenos. ¿A usted le han motivado o convencido? Creo que esta última es la pregunta mágica que usted y solo usted debe responder para sacar de la guantera el resultado de la elección.
El convencimiento, el contraste, el análisis, la ponderación de las propuestas, es decir, su elección racional no se contrapone a los siempre presentes esfuerzos cada vez más organizados de compra y coacción del voto.
Usted está en plena libertad de “agarrar todo lo que le den” y al final votar de acuerdo a los dictados de su conciencia, incluso puede usted no ir a votar o anular su voto. No es que lo anterior sea sugerencia de quien esto escribe. Nada más alejado de ello. Solo señalo posibilidades.
A fuerza del clientelismo, los partidos y los candidatos han ido cavando más profunda su propia tumba, han malacostumbrado a un electorado cada vez más utilitario y convenenciero que les ha tomado la medida. Cuando la imaginación, sustituta de las buena fe y las buenas intenciones, se agotó, vino la peor de las ocurrencias: el clientelismo, donde los electores se asumen gustosamente mercantes en el emporio de la democracia, donde no siempre hay mejor postor y redundantemente, en cada vez más ocasiones, todos los postores son malos.
¿Cómo juzga usted –dilecto lector- las campañas que ve a diario? Comparta su juicio conmigo. Es un placer también leerle.
moisesmolinar@hotmail.com
@MoisesMolina
viernes, 21 de junio de 2013
“NO SABE NADA…”
Mucha tinta ha corrido la semana que se va sobre las inconsistencias en la estructura que detenta lo más grave de la responsabilidad de llevar a buen puerto la elección del próximo 7 de julio en Oaxaca; aquella que integran los consejos distritales y municipales electorales.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca tiene en esos consejos, el reflejo de lo que la ley manda en el ejercicio de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De ahí su importancia; son la representación de la autoridad electoral ahí donde la elección se desarrolla, en los municipios y en los distritos.
Si en los consejos van mal las cosas, la elección no podrá ir bien.
Preocupantes son los comentarios que han llegado al correo de quien esto escribe. Muchos jóvenes que – quizás en razón de su edad y por su condición de desempleados- trabajan eventualmente como técnicos y asistentes electorales en esos consejos, acusan las inconformidades más variadas que convergen en el mal trato. Llama poderosamente mi atención la referencia recurrente a la incapacidad, por no decir incompetencia de sus superiores, en especial, de algunos presidentes de consejo. “No sabe nada”, me refirió uno. Se dan cuenta, juzgan y les ofende recibir trato indigno de quienes a su juicio, saben menos que ellos de su trabajo; de quienes ignorando lo elemental en materia electoral, pretenden aliviar frustraciones personales o profesionales a través del ninguneo.
Probablemente para ello baste un curso de relaciones humanas. Pero ha trascendido ya, que derivado de su incapacidad manifiesta, algunos presidentes de consejos están siendo removidos y otros tantos están quedando como meras figuras decorativas limitados a firmar cuanto les pongan enfrente. Personal diverso al contratado habría tomado de facto las riendas de las presidencias, aunque los titulares formales sigan cobrando sus sueldos.
¿De dónde salieron entonces los presidentes de los consejos? ¿Quién los puso como consejeros? ¿Les pidieron algunos requisitos? O ¿fue la amistad o la afinidad el criterio de selección de perfiles tan delicados?
Que los presidentes de los consejos tienen militancia partidista es también comentario mediático y queja recurrente de diversos orígenes. El que los partidos políticos “pongan” consejeros presidentes de estos consejos, no sería correcto, ni bueno, ni legal. Hay quienes meten las manos al fuego por defender estas afirmaciones.
La ley habla de un procedimiento, requisitos y hasta “principios” para “designar” a los consejeros distritales y municipales, incluidos sus presidentes. ¿De quién es entonces la responsabilidad de malas o pésimas designaciones?
La ley es clara y responsabiliza en su artículo 32 a la Junta General Ejecutiva de “elaborar y publicar la convocatoria para allegarse aspirantes; así como llevar a cabo el procedimiento de selección para la integración de las listas de propuestas, para designar a los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales”; en su artículo 43 a las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral; a las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral de “verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, y clasificar los expedientes por grado de escolaridad y experiencia político-electoral”; y en su artículo 30 al Director General solo de “hacer llegar al Consejo General las propuestas … en lista de presidentes, secretarios y consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales, para su designación”.
¿Y cuáles son esos “requisitos de elegibilidad” que pretendidamente no se observan? ¿Qué se necesita para ser presidente de un consejo distrital o municipal?
La misma ley da la respuesta clara y contundente. El artículo 44 del CIPPEO exige que “los consejeros electorales, que integrarán los consejos distritales y municipales deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano oaxaqueño, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;
II.- Ser vecino del Estado con residencia de cinco años;
III.- Contar con conocimientos en materia político–electoral, que le permita el desempeño adecuado de sus funciones;
IV.- No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, en los dos años anteriores a la designación;
V.- No desempeñar o haber desempeñado cargo o empleo público de mando superior en el Municipio o Distrito de que se trate, en los dos años anteriores a la designación;
VI.- No ser o haber sido dirigente estatal o municipal de algún partido político, en los dos años inmediatos anteriores a la designación; y
VII.- No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial”.
Pero el CIPPEO va más allá: “En la designación de consejeros se procurará observar los principios de idoneidad, experiencia, apartidismo y paridad de género”.
El origen de nuestros males actuales en esta materia, probablemente ni siquiera haya que buscarlo en las personas, sino
en la ley misma. Es necesario suprimir del texto, una frase tan simple como perniciosa: “SE PROCURARÁ”.
Se procura que los consejeros sean los idóneos, pero no se consigue; se procura que sean expertos, pero tampoco se consigue; se procura que sean apartidistas, sin mucho éxito; se procura que haya paridad de género, pero igual y no se cumple.
Es preocupante que una función tan delicada esté tan marginada en las prioridades de quienes toman las decisiones; es inaceptable que las listas de los consejeros se estés aprobando al cuarto para las doce durante los meses de diciembre y enero previos a la elección y que estén sujetos a las negociaciones entre los partidos políticos; es inadmisible que los partidos políticos vean en estos espacios agencias de colocación de sus militantes o en el mejor de los casos de sus cuadros. Es reprobable el ninguneo y el manoseo grosero que se le da a un procedimiento de esta talla que debiera ser tratado con el mayor de los profesionalismos.
En nuestra ley electoral se habla ya de un servicio profesional de carrera y de capacitación. ¿Dónde está? No se siente. Si los presidentes de los consejos distritales no son capaces de responder preguntas elementales sobre el proceso electoral, ya no digamos de derecho electoral, ¿Qué podemos esperar de este proceso? ¿Quedará enteramente en manos de las dirigencias de los partidos que, como ya hemos acordado, son facciones, mafias, oligarquías?
Juzgue usted –amable lector-, sea contralor, pregúntese y pregunte si sus presidentes de consejo distrital y municipal cumplen con todos los requisitos. Sus salarios se pagan con el dinero que a usted y a mí nos cobran de impuestos.
Entiéndase estas formulaciones dirigidas a todo el personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no la persona de quien hoy funge como su consejero presidente a quien en lo personal conozco, respeto, aprecio y como mi maestro que fue, guardo gratitud.
Twitter @MoisesMolina
moisesmolinar@hotmail.com
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca tiene en esos consejos, el reflejo de lo que la ley manda en el ejercicio de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De ahí su importancia; son la representación de la autoridad electoral ahí donde la elección se desarrolla, en los municipios y en los distritos.
Si en los consejos van mal las cosas, la elección no podrá ir bien.
Preocupantes son los comentarios que han llegado al correo de quien esto escribe. Muchos jóvenes que – quizás en razón de su edad y por su condición de desempleados- trabajan eventualmente como técnicos y asistentes electorales en esos consejos, acusan las inconformidades más variadas que convergen en el mal trato. Llama poderosamente mi atención la referencia recurrente a la incapacidad, por no decir incompetencia de sus superiores, en especial, de algunos presidentes de consejo. “No sabe nada”, me refirió uno. Se dan cuenta, juzgan y les ofende recibir trato indigno de quienes a su juicio, saben menos que ellos de su trabajo; de quienes ignorando lo elemental en materia electoral, pretenden aliviar frustraciones personales o profesionales a través del ninguneo.
Probablemente para ello baste un curso de relaciones humanas. Pero ha trascendido ya, que derivado de su incapacidad manifiesta, algunos presidentes de consejos están siendo removidos y otros tantos están quedando como meras figuras decorativas limitados a firmar cuanto les pongan enfrente. Personal diverso al contratado habría tomado de facto las riendas de las presidencias, aunque los titulares formales sigan cobrando sus sueldos.
¿De dónde salieron entonces los presidentes de los consejos? ¿Quién los puso como consejeros? ¿Les pidieron algunos requisitos? O ¿fue la amistad o la afinidad el criterio de selección de perfiles tan delicados?
Que los presidentes de los consejos tienen militancia partidista es también comentario mediático y queja recurrente de diversos orígenes. El que los partidos políticos “pongan” consejeros presidentes de estos consejos, no sería correcto, ni bueno, ni legal. Hay quienes meten las manos al fuego por defender estas afirmaciones.
La ley habla de un procedimiento, requisitos y hasta “principios” para “designar” a los consejeros distritales y municipales, incluidos sus presidentes. ¿De quién es entonces la responsabilidad de malas o pésimas designaciones?
La ley es clara y responsabiliza en su artículo 32 a la Junta General Ejecutiva de “elaborar y publicar la convocatoria para allegarse aspirantes; así como llevar a cabo el procedimiento de selección para la integración de las listas de propuestas, para designar a los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales”; en su artículo 43 a las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral; a las Direcciones Ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral de “verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, y clasificar los expedientes por grado de escolaridad y experiencia político-electoral”; y en su artículo 30 al Director General solo de “hacer llegar al Consejo General las propuestas … en lista de presidentes, secretarios y consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales, para su designación”.
¿Y cuáles son esos “requisitos de elegibilidad” que pretendidamente no se observan? ¿Qué se necesita para ser presidente de un consejo distrital o municipal?
La misma ley da la respuesta clara y contundente. El artículo 44 del CIPPEO exige que “los consejeros electorales, que integrarán los consejos distritales y municipales deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano oaxaqueño, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;
II.- Ser vecino del Estado con residencia de cinco años;
III.- Contar con conocimientos en materia político–electoral, que le permita el desempeño adecuado de sus funciones;
IV.- No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, en los dos años anteriores a la designación;
V.- No desempeñar o haber desempeñado cargo o empleo público de mando superior en el Municipio o Distrito de que se trate, en los dos años anteriores a la designación;
VI.- No ser o haber sido dirigente estatal o municipal de algún partido político, en los dos años inmediatos anteriores a la designación; y
VII.- No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial”.
Pero el CIPPEO va más allá: “En la designación de consejeros se procurará observar los principios de idoneidad, experiencia, apartidismo y paridad de género”.
El origen de nuestros males actuales en esta materia, probablemente ni siquiera haya que buscarlo en las personas, sino
en la ley misma. Es necesario suprimir del texto, una frase tan simple como perniciosa: “SE PROCURARÁ”.
Se procura que los consejeros sean los idóneos, pero no se consigue; se procura que sean expertos, pero tampoco se consigue; se procura que sean apartidistas, sin mucho éxito; se procura que haya paridad de género, pero igual y no se cumple.
Es preocupante que una función tan delicada esté tan marginada en las prioridades de quienes toman las decisiones; es inaceptable que las listas de los consejeros se estés aprobando al cuarto para las doce durante los meses de diciembre y enero previos a la elección y que estén sujetos a las negociaciones entre los partidos políticos; es inadmisible que los partidos políticos vean en estos espacios agencias de colocación de sus militantes o en el mejor de los casos de sus cuadros. Es reprobable el ninguneo y el manoseo grosero que se le da a un procedimiento de esta talla que debiera ser tratado con el mayor de los profesionalismos.
En nuestra ley electoral se habla ya de un servicio profesional de carrera y de capacitación. ¿Dónde está? No se siente. Si los presidentes de los consejos distritales no son capaces de responder preguntas elementales sobre el proceso electoral, ya no digamos de derecho electoral, ¿Qué podemos esperar de este proceso? ¿Quedará enteramente en manos de las dirigencias de los partidos que, como ya hemos acordado, son facciones, mafias, oligarquías?
Juzgue usted –amable lector-, sea contralor, pregúntese y pregunte si sus presidentes de consejo distrital y municipal cumplen con todos los requisitos. Sus salarios se pagan con el dinero que a usted y a mí nos cobran de impuestos.
Entiéndase estas formulaciones dirigidas a todo el personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no la persona de quien hoy funge como su consejero presidente a quien en lo personal conozco, respeto, aprecio y como mi maestro que fue, guardo gratitud.
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