LAX EN LA FRENTE
Moisés MOLINA
¿PARTIDOCRACIDIO?
Hace algunos días fuimos amablemente invitados a un foro de discusión y análisis organizado por la Fundación para el Desarrollo y la Competitividad A.C que preside Daniel González Montes de Oca. Paola España, Iliana Juárez , Memo Zavaleta, Pável López y un servidor llevamos ante un grupo de jóvenes representantes de diferentes instituciones de educación Superior, nuestra experiencia personal dentro de la actividad y la ciencia política. Más allá de colores, filias y fobias partidistas, los asistentes compartimos la preocupación por los problemas de nuestra generación que pueden comenzar a ser resueltos, en buena medida, merced a la política. Y es que gobiernos, legislaturas y partidos políticos han estado, desde siempre, ayunos de voluntad para hacer frente con seriedad a la problemática de una franja poblacional que hoy representa un tercio de los habitantes de México y sus entidades federativas. El foro estuvo claramente enmarcado en el corriente proceso electoral, pero más que defender a ultranza siglas y nombres, procuramos visualizar un estado y un país posibles gracias a la participación de la Juventud. Y es que cuando de política y juventud se habla, dos conceptos llenan la boca de buena parte (que no la totalidad) de la generación que hoy detenta los cargos públicos y de la iniciativa privada: apatía e inexperiencia. Y cuando en las elecciones el ganador es el abstencionismo, la mayor parte de la culpa se nos adjudica a los jóvenes. La realidad es que los grados de abstencionismo en México se han vuelto, hasta cierto punto, predecibles y de ello no tienen enteramente culpa los electores jóvenes. Para nadie es un secreto el que en las elecciones intermedias, los niveles de asistencia a las urnas decrezcan por dos razones fundamentales: los electores ignoran, en la generalidad de los casos, las funciones de un legislador y no existe un candidato fuerte que inspire a votar en todos los distritos de un país o un estado como sucede en las elecciones a gobernador o presidente de la república. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara federal de Diputados anunció en reciente estudio que el abstencionismo en esta elección será de entre el 65 y 69 por ciento. Es decir, solo 3 de cada diez ciudadanos inscritos en el padrón y con credencial para votar con fotografía asistirán a emitir su voto en la jornada electoral. El hecho de que nuestros representantes populares representen en los congresos, más a sus partidos políticos que a los ciudadanos que los eligieron, tiene buena parte de su origen en la escasa participación de los ciudadanos en las elecciones que denota desinterés. Hoy nuestros diputados carecen de legitimidad. En su elección se cumplen todas las formalidades legales, pero llegan a su curul con el voto de de la mayoría de una minoría de electores. En el hipotético caso de que los candidatos ganadores, lo hicieran con la totalidad de los votos emitidos, estarían representando solo a tres de cada diez electores. La realidad es que un diputado federal en las condiciones actuales de la competencia y la participación ciudadana, representa solo a uno o dos ciudadanos con credencial de elector. México ha transcurrido varios lustros de su vida democrática formal entre círculos viciosos. El de las elecciones es uno de ellos. Un déficit de participación que se vuelve destino y origen de nuestra repulsa hacia representantes populares y partidos políticos y (acaso) viceversa. La nueva generación y las que vengan en lo inmediato estamos llamadas a devolver su lógica a los procesos políticos que constitucionalmente nos hemos dado. Con la apatía no se resuelve nada, antes bien se agrava nuestra situación. Mientras en México no nos demos medios diferentes a los partidos políticos para acceder al poder, nuestra única posibilidad de transformación social seguirá estando dentro de los partidos. Ahí es donde los espacios de participación deben buscarse. Las candidaturas independientes siguen siendo una ficción, pero la efectividad de la presión social quedó demostrada en recientes declaraciones de Emilio Gamboa, coordinador de los diputados federales del PRI al reconocer que uno de los puntos de discusión y análisis dentro del tema electoral lo era el de la cesión de un 10% de las candidaturas a cargos de elección popular a la “sociedad civil”, es decir a ciudadanos sin militancia; disposición, a todas luces, contraria a la naturaleza de los partidos políticos. Podríamos estar, entonces, presenciando un incipiente “partidocracidio” Una especie de suicidio de la partidocracia. ¿Por qué no mejor obligan nuestros legisladores vía COFIPE, a los partidos políticos a entregar un treinta por ciento de los cargos de dirigencia a jóvenes menores de 35 años?; ¿No sería preferible que los obligaran también a postular un treinta por ciento de candidatos a cargos de elección popular menores de esa misma edad? Son preguntas que hoy por hoy, los candidatos en campaña deberían formularse y contestar en público.
moisesmolinar@hotmail.com
lunes, 25 de mayo de 2009
sábado, 16 de mayo de 2009
LA X EN LA FRENTE
Moisés MOLINA*
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (ÚLTIMA PARTE)
3.2 El papel de los mass media.
Hoy en día, sin embargo, contamos con una herramienta dotada de un poder de transformación social muy grande, que son los medios masivos de comunicación. La opinión pública, concepto estrechamente ligado al de cultura política, es formada en buena medida desde los medios masivos de comunicación, y en nuestra realidad concreta, principalmente desde los electrónicos.
Pero ¿Estarán acaso los mass media cumpliendo su objetivo y por ende apegados a sus valores de imparcialidad, objetividad, veracidad, etc., que los definen?. Evidentemente no. El actual mundo globalizado no se explica fuera de los medios y no se explica sin ellos. Su responsabilidad es determinante en la tarea de construir un mundo mejor a partir de mejores naciones.
Sin embargo, se han erigido en jueces a quienes nadie puede juzgar y en agentes destructores más que constructivos, que privilegian la crítica más que el análisis y que en el caso de México reproducen valores y patrones de conducta moral y social que corresponden a otros países con otra realidad.
Ejemplificando con nuestra realidad más inmediata en Oaxaca, encontramos claramente, sectores de empresarios radiofónicos y periodísticos constituidos en grupos de interés que no coinciden con los de la clase gobernante en turno. Por ello ya resulta familiar encontrar los contenidos de tales medios tendenciosos, en detrimento de la cultura política de los Oaxaqueños, muchos de los cuales no tienen a su alcance más que un aparato de radio para mantenerse en contacto con la realidad política.
Karl Popper es claro cuando escribe que “la democracia no puede existir si no existe un control sobre la televisión” y Leonardo Curzio estima preocupante que grandes consorcios televisivos constituyan un auténtico poder mediático que juega un papel preponderante en la vida política moderna y que se ejerza sin los controles o los contrapesos propios de todo poder constituido.
Claro está que la omnipresencia de los medios inhibe en buena medida la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pareciera que dejan a los representantes populares la tarea de suplir su actuación política y a los medios de comunicación la de pensar y opinar por ellos. Los “opinólogos” de los noticieros se convierten en líderes de opinión y en procesadores de una información que llega lista para integrarse a la perspectiva personal de la realidad.
La reciente reforma electoral da muestras de que el control sobre los medios es posible. Y es que ese control es necesario para poder vincular de manera perfecta a la democracia representativa con la participación ciudadana. La posibilidad de una democracia “más democrática” es posible si y solo si, como urge Amartya Sen se logra “abrir un espacio para la deliberación pública que permita dar sentido a los grandes dilemas de un país, a través del ejercicio de la razón pública” .
CONCLUSIONES
En democracia representativa es que vivimos y así lo será por mucho más tiempo. El eudemonismo aristotélico también la alcanza: su fin debe ser la felicidad del ser humano. El sector gubernamental en México se ha mostrado incapaz de proporcionarla por sí solo y los ciudadanos se alejan cada vez más y por los más diversos motivos de su obligación cívica de participar, hasta el grado de contar con gobiernos en déficit de legitimidad. Los procesos electorales han tenido grados importantes de falta de participación que se coronan con elevadas tasas de abstencionismo en jornadas electorales de procesos intermedios. La democracia representativa debe ocupar su lugar comunicante y situarse a mitad del camino entre la emisión del sufragio y el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos. Estas dos caras de la participación ciudadana harán más altamente posible lo deseable: que los habitantes de la comunidad política puedan satisfacer de manera más óptima sus necesidades.
La participación ciudadana independiente del ejercicio del sufragio tampoco sería –por otro lado- suficiente para la calidad democrática. Se hacen necesarios mecanismos que complementen la labor que la sociedad civil organizada despliega en buena parte de los estados y municipios de México. Bien es cierto que un buen porcentaje de estas organizaciones tienen el sello y con él, el aval del Estado (vía jueces o fedatarios públicos) para realizar sus actividades y cumplir sus fines, pero no menos cierto es que el Estado, a través de sus órganos legislativos, debe proporcionar al ciudadano procedimientos que le permitan incidir de manera institucionalizada en las decisiones que toman los recipiendarios del voto, es decir, los servidores públicos. Referéndum, plebiscito e iniciativa popular, debían ser, desde ya, complemento en el universo de posibilidades legales que la ciudadanía tiene para participar activamente en la vida de su comunidad política. Si posible no es, el retorno a la democracia directa, sí es factible reducir la distancia entre los ciudadanos y la toma de decisiones a través de los procedimientos de democracia semidirecta que en líneas anteriores analizamos.
Pareciera que vivimos en una etapa de negación de las bondades del contrato social y todo lo que ello conlleva. Dicha teoría está llamada a permanecer en los libros, la práctica política dentro de nuestro sistema le hace parecer lejana, distante y hasta ausente de nuestra realidad. La comprenden solo cuantos tienen la oportunidad de acercarse a un texto especializado, por lo demás los entes colectivos cumplen funciones inmediatas y difícilmente se les entiende como parte de algo superior en sus fines. Por ello al Estado se le tiene como la más grande ficción y por ello a la democracia se le explica cada vez con mayores dificultades, tantas que hasta pierde su esencia procedimental. Si, en este sentido, se supone que es importante quién habrá de ser quien tome las decisiones en determinadas circunstancias, estamos en un problema de difícil solución debido a los altos índices de apatía. La ciudadanía piensa que la participación no resuelve los problemas inmediatos, no resuelve las necesidades apremiantes. La clave está en la cultura política, en el nivel de educación cívica que seamos capaces de desarrollar entre la gente. La participación debe implicar también acción a favor de un cambio en los valores, práctica y significados en los actores sociales y entre ellos, los ciudadanos. Un cambio pues de nuestra cultura política.
La calidad de nuestra democracia será siempre directamente proporcional a la cultura política de los ciudadanos, pero también se podrá explicar en razón de los márgenes que el propio estado les otorgue. Ejercicio del sufragio, participación cotidiana individual u organizada y procedimientos de democracia semidirecta arrojarán un mejor sistema democrático y ciudadanos más conformes con el Estado. Todo ello arrojaría, sin lugar a dudas, legitimidad a la clase gobernante y representaría una nueva fuente de gobernabilidad, condición tan buscada en el México y el Oaxaca de nuestros días.
BIBLIOGRAFÍA
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Diccionario de la Real Academoa de la Lengua Española en http://www.rae.es/rae.html.
• Ehrman,Roberto (2002). Los paradigmas de la globalización. En: La globalización y sus manifestaciones en América del norte. Mónica Gambrill (coordinadora), Ed. CISAN-UNAM; México.
• Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia. Madrid. Alianza Universidad.
• Bovero, Michelangelo (1999). Los adjetivos de la democracia. México. IFE.
• Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México. FCE.
• Merino, Mauricio. (1995). La participación ciudadana en la democracia. México. IFE. Dahl, Robert. La poliarquía. (1980). Madrid. Tecnos.
• Popper, Karl y Condry John. La televisión es mala maestra. México. FCE.
• Curzio, Leonardo (2004). Los medios y la democracia. En: Democracia y medios de comunicación. Varios autores; IEDF; México.
• Amartya Sen. El ejercicio de la razón pública. Letras libres. Mayo de 2004.
• Ensayos. (2001).Instituto Electoral del Distrito Federal; México.
• Touraine, Alain. (1994). ¿Qué es la democracia?. Ed. FCE. México.
• Castellanos Hernández, Eduardo. (1999) Derecho electoral en México. Ed. Trillas. México.
• Democracia y represión en el umbral del siglo XXI (Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. Tomo I. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 1999.
• Diccionario Akal de Filosofía Política. (1996). Akal ediciones. Madrid, Esp.
• Bobbio, Norberto. (1990). Diccionario de Política. Siglo XXI editores. México.
• http://info5.juridicas.unam.mx/libros/5/2198/6.pdf
*Director General de la Comisión Estatal de la Juventud
Moisés MOLINA*
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (ÚLTIMA PARTE)
3.2 El papel de los mass media.
Hoy en día, sin embargo, contamos con una herramienta dotada de un poder de transformación social muy grande, que son los medios masivos de comunicación. La opinión pública, concepto estrechamente ligado al de cultura política, es formada en buena medida desde los medios masivos de comunicación, y en nuestra realidad concreta, principalmente desde los electrónicos.
Pero ¿Estarán acaso los mass media cumpliendo su objetivo y por ende apegados a sus valores de imparcialidad, objetividad, veracidad, etc., que los definen?. Evidentemente no. El actual mundo globalizado no se explica fuera de los medios y no se explica sin ellos. Su responsabilidad es determinante en la tarea de construir un mundo mejor a partir de mejores naciones.
Sin embargo, se han erigido en jueces a quienes nadie puede juzgar y en agentes destructores más que constructivos, que privilegian la crítica más que el análisis y que en el caso de México reproducen valores y patrones de conducta moral y social que corresponden a otros países con otra realidad.
Ejemplificando con nuestra realidad más inmediata en Oaxaca, encontramos claramente, sectores de empresarios radiofónicos y periodísticos constituidos en grupos de interés que no coinciden con los de la clase gobernante en turno. Por ello ya resulta familiar encontrar los contenidos de tales medios tendenciosos, en detrimento de la cultura política de los Oaxaqueños, muchos de los cuales no tienen a su alcance más que un aparato de radio para mantenerse en contacto con la realidad política.
Karl Popper es claro cuando escribe que “la democracia no puede existir si no existe un control sobre la televisión” y Leonardo Curzio estima preocupante que grandes consorcios televisivos constituyan un auténtico poder mediático que juega un papel preponderante en la vida política moderna y que se ejerza sin los controles o los contrapesos propios de todo poder constituido.
Claro está que la omnipresencia de los medios inhibe en buena medida la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pareciera que dejan a los representantes populares la tarea de suplir su actuación política y a los medios de comunicación la de pensar y opinar por ellos. Los “opinólogos” de los noticieros se convierten en líderes de opinión y en procesadores de una información que llega lista para integrarse a la perspectiva personal de la realidad.
La reciente reforma electoral da muestras de que el control sobre los medios es posible. Y es que ese control es necesario para poder vincular de manera perfecta a la democracia representativa con la participación ciudadana. La posibilidad de una democracia “más democrática” es posible si y solo si, como urge Amartya Sen se logra “abrir un espacio para la deliberación pública que permita dar sentido a los grandes dilemas de un país, a través del ejercicio de la razón pública” .
CONCLUSIONES
En democracia representativa es que vivimos y así lo será por mucho más tiempo. El eudemonismo aristotélico también la alcanza: su fin debe ser la felicidad del ser humano. El sector gubernamental en México se ha mostrado incapaz de proporcionarla por sí solo y los ciudadanos se alejan cada vez más y por los más diversos motivos de su obligación cívica de participar, hasta el grado de contar con gobiernos en déficit de legitimidad. Los procesos electorales han tenido grados importantes de falta de participación que se coronan con elevadas tasas de abstencionismo en jornadas electorales de procesos intermedios. La democracia representativa debe ocupar su lugar comunicante y situarse a mitad del camino entre la emisión del sufragio y el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos. Estas dos caras de la participación ciudadana harán más altamente posible lo deseable: que los habitantes de la comunidad política puedan satisfacer de manera más óptima sus necesidades.
La participación ciudadana independiente del ejercicio del sufragio tampoco sería –por otro lado- suficiente para la calidad democrática. Se hacen necesarios mecanismos que complementen la labor que la sociedad civil organizada despliega en buena parte de los estados y municipios de México. Bien es cierto que un buen porcentaje de estas organizaciones tienen el sello y con él, el aval del Estado (vía jueces o fedatarios públicos) para realizar sus actividades y cumplir sus fines, pero no menos cierto es que el Estado, a través de sus órganos legislativos, debe proporcionar al ciudadano procedimientos que le permitan incidir de manera institucionalizada en las decisiones que toman los recipiendarios del voto, es decir, los servidores públicos. Referéndum, plebiscito e iniciativa popular, debían ser, desde ya, complemento en el universo de posibilidades legales que la ciudadanía tiene para participar activamente en la vida de su comunidad política. Si posible no es, el retorno a la democracia directa, sí es factible reducir la distancia entre los ciudadanos y la toma de decisiones a través de los procedimientos de democracia semidirecta que en líneas anteriores analizamos.
Pareciera que vivimos en una etapa de negación de las bondades del contrato social y todo lo que ello conlleva. Dicha teoría está llamada a permanecer en los libros, la práctica política dentro de nuestro sistema le hace parecer lejana, distante y hasta ausente de nuestra realidad. La comprenden solo cuantos tienen la oportunidad de acercarse a un texto especializado, por lo demás los entes colectivos cumplen funciones inmediatas y difícilmente se les entiende como parte de algo superior en sus fines. Por ello al Estado se le tiene como la más grande ficción y por ello a la democracia se le explica cada vez con mayores dificultades, tantas que hasta pierde su esencia procedimental. Si, en este sentido, se supone que es importante quién habrá de ser quien tome las decisiones en determinadas circunstancias, estamos en un problema de difícil solución debido a los altos índices de apatía. La ciudadanía piensa que la participación no resuelve los problemas inmediatos, no resuelve las necesidades apremiantes. La clave está en la cultura política, en el nivel de educación cívica que seamos capaces de desarrollar entre la gente. La participación debe implicar también acción a favor de un cambio en los valores, práctica y significados en los actores sociales y entre ellos, los ciudadanos. Un cambio pues de nuestra cultura política.
La calidad de nuestra democracia será siempre directamente proporcional a la cultura política de los ciudadanos, pero también se podrá explicar en razón de los márgenes que el propio estado les otorgue. Ejercicio del sufragio, participación cotidiana individual u organizada y procedimientos de democracia semidirecta arrojarán un mejor sistema democrático y ciudadanos más conformes con el Estado. Todo ello arrojaría, sin lugar a dudas, legitimidad a la clase gobernante y representaría una nueva fuente de gobernabilidad, condición tan buscada en el México y el Oaxaca de nuestros días.
BIBLIOGRAFÍA
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Diccionario de la Real Academoa de la Lengua Española en http://www.rae.es/rae.html.
• Ehrman,Roberto (2002). Los paradigmas de la globalización. En: La globalización y sus manifestaciones en América del norte. Mónica Gambrill (coordinadora), Ed. CISAN-UNAM; México.
• Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia. Madrid. Alianza Universidad.
• Bovero, Michelangelo (1999). Los adjetivos de la democracia. México. IFE.
• Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México. FCE.
• Merino, Mauricio. (1995). La participación ciudadana en la democracia. México. IFE. Dahl, Robert. La poliarquía. (1980). Madrid. Tecnos.
• Popper, Karl y Condry John. La televisión es mala maestra. México. FCE.
• Curzio, Leonardo (2004). Los medios y la democracia. En: Democracia y medios de comunicación. Varios autores; IEDF; México.
• Amartya Sen. El ejercicio de la razón pública. Letras libres. Mayo de 2004.
• Ensayos. (2001).Instituto Electoral del Distrito Federal; México.
• Touraine, Alain. (1994). ¿Qué es la democracia?. Ed. FCE. México.
• Castellanos Hernández, Eduardo. (1999) Derecho electoral en México. Ed. Trillas. México.
• Democracia y represión en el umbral del siglo XXI (Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. Tomo I. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 1999.
• Diccionario Akal de Filosofía Política. (1996). Akal ediciones. Madrid, Esp.
• Bobbio, Norberto. (1990). Diccionario de Política. Siglo XXI editores. México.
• http://info5.juridicas.unam.mx/libros/5/2198/6.pdf
*Director General de la Comisión Estatal de la Juventud
domingo, 10 de mayo de 2009
LAX EN LA FRENTE
Moisés MOLINA*
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (III DE IV PARTES)
2.2.1 Referéndum
José Luis Vásquez Alfaro explica el referéndum como
“… un procedimiento mediante el cual el cuerpo de electores o ciudadanos de un Estado es invitado a manifestar su opinión sobre un acto legislativo o de carácter constitucional relativo a la vida del mismo”
El referéndum puede considerarse en efecto como mecanismo que permite la ciudadanía participar en votación sobre decisiones que tienen que ver con la legislación o la estructura orgánica del Estado. Ya en marzo de 1996, el entonces secretario de gobernación de México, consideró públicamente la pertinencia del referéndum con el fin de que las reformas constitucionales relativas a las “decisiones fundamentales”, fueran aprobadas por el electorado a través de un instrumento de democracia directa.
2.2.1.1 Tipos de referéndum
Cuando la consulta se refiere a aspectos normativos, la primera distinción se basa en la jerarquía normativa. Es referéndum constituyente cuando se trata de aprobar una constitución; constitucional si lo que se somete a aprobación o ratificación es la reforma de la constitución; legislativos y administrativos según se trate de leyes o reglamentos y actos administrativos. Y finalmente por cuanto atañe a los efectos de la consulta el referéndum puede ser aprobatorio, si ratifica la creación de una nueva norma jurídica; derogatorio, si extingue la vigencia de parte de una ley; abrogatorio cuando extingue la vigencia de ordenamiento jurídico entero; o convalidatorio cuando se ratifica una norma jurídica ya existente.
2.2.2 Plebiscito
Rafael de Pina lo define como la
“Consulta hecha directamente al pueblo para que resuelva lo que considere más conveniente respecto a la solución de un problema político de trascendental interés o sobre la aprobación o repulsa de determinados actos de sus gobernantes”
Referéndum y plebiscito son figuras sumamente parecidas ya que ambas implican la consulta a los ciudadanos. Presentan también, sin embargo, elementos que las distinguen. En el plebiscito la población se pronuncia sobre un asunto que no tiene antecedente en o intervención de los órganos estatales y antecedentes o intervención que en tratándose del referéndum sí existen. En el caso del referéndum, la consulta se realiza sobre actos normativos, en tanto que la materia del plebiscito son designaciones de personas, anexiones territoriales o lección de forma de gobierno u otros temas sin una expresión normativa inmediata.
“… se habla del plebiscito para decidir sobre problemas excepcionales y de referéndum para cuestiones de orden constitucional. También se les distingue por tener una mayor regularidad el referéndum y por ser excepcional el plebiscito”.
2.2.3 Iniciativa popular
Constituciones como la particular de Oaxaca, conceden a los ciudadanos el derecho de iniciativa popular, es decir, les faculta para presentar iniciativas de ley ante el congreso del estado. Es un procedimiento constitucionalmente tutelado mediante el cual los oaxaqueños que gocen de ciudadanía pueden hacer llegar iniciativas en todos los ramos de la administración.
“La iniciativa popular … se refiere a la intervención que el ciudadano como tal, sea individual o colectivamente, puede tener en el proceso legislativo”
CAPÍTULO III LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN COTIDIANA.
3.1 Una aproximación
Con nuestro voto no solucionamos los problemas, ni siquiera la elección en su conjunto los soluciona; el ejercicio del sufragio, es solamente una manera de decidir quiénes habrán de tener la capacidad de resolver la problemática.
A mi juicio, lo preocupante no estriba tanto en saber qué modalidad de democracia es la mejor o cual es la “más democrática”. Las posibilidades de ejercicio de la democracia directa están en definitiva canceladas y la representativa como única opción ha demostrado ser insuficiente por insatisfactoria. La participación no puede seguir estando circunscrita al derecho al sufragio que, por otra parte, no siempre se ejerce. La diferencia difícilmente la marcaría un cambio de modalidad democrática legal o institucional. Mauricio Merino escribe: “…el puente que une la representación con la participación está constituido, en principio, con los votos libremente expresados por el pueblo” y más adelante complementa: “El voto es el primer puente, pero detrás de él siguen las libertades políticas … la democracia no se agota en los procesos electorales ni los partidos políticos poseen el monopolio de la actividad democrática” .
Si hoy, legislaciones locales de avanzada han demostrado la viabilidad de los procedimientos de democracia semidirecta, el “gran salto” no tiene ya porque ser tan grande. El Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y San Luis Potosí, son una muestra de que México está listo para una enmienda constitucional que obligue a todas las entidades a contemplar dichos procedimientos para enriquecer nuestra vida democrática en desarrollo.
Ya Robert Dahl había propuesto en su famoso texto “La poliarquía”, un listado de requisitos en base a los cuales las modernas democracias podían calificarse o descalificarse, entre ocho aspectos solo dos se refieren a las elecciones y los partidos y las restantes, a los diversos modos en que la ciudadanía participa. Merino resume en una elocuente frase aquello que para nuestro país y entidad debemos hacer una realidad: “participación que se vuelve representación gracias al voto y representación que se sujeta a la voluntad popular gracias a la participación cotidiana de los ciudadanos”.
El tránsito de una democracia representativa (hoy no participativa) a una participativa depende de un cambio en la cultura política de los ciudadanos y es un cambio que de manera alguna puede ser repentino. Los cambios en las percepciones, creencias, hábitos y costumbres, sabido es de sobra, que son lentos y por ello requieren lapsos considerables de tiempo.
*Director general de la Comisión Estatal de la Juventud.
moisesmolinar@hotmail.com
Moisés MOLINA*
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (III DE IV PARTES)
2.2.1 Referéndum
José Luis Vásquez Alfaro explica el referéndum como
“… un procedimiento mediante el cual el cuerpo de electores o ciudadanos de un Estado es invitado a manifestar su opinión sobre un acto legislativo o de carácter constitucional relativo a la vida del mismo”
El referéndum puede considerarse en efecto como mecanismo que permite la ciudadanía participar en votación sobre decisiones que tienen que ver con la legislación o la estructura orgánica del Estado. Ya en marzo de 1996, el entonces secretario de gobernación de México, consideró públicamente la pertinencia del referéndum con el fin de que las reformas constitucionales relativas a las “decisiones fundamentales”, fueran aprobadas por el electorado a través de un instrumento de democracia directa.
2.2.1.1 Tipos de referéndum
Cuando la consulta se refiere a aspectos normativos, la primera distinción se basa en la jerarquía normativa. Es referéndum constituyente cuando se trata de aprobar una constitución; constitucional si lo que se somete a aprobación o ratificación es la reforma de la constitución; legislativos y administrativos según se trate de leyes o reglamentos y actos administrativos. Y finalmente por cuanto atañe a los efectos de la consulta el referéndum puede ser aprobatorio, si ratifica la creación de una nueva norma jurídica; derogatorio, si extingue la vigencia de parte de una ley; abrogatorio cuando extingue la vigencia de ordenamiento jurídico entero; o convalidatorio cuando se ratifica una norma jurídica ya existente.
2.2.2 Plebiscito
Rafael de Pina lo define como la
“Consulta hecha directamente al pueblo para que resuelva lo que considere más conveniente respecto a la solución de un problema político de trascendental interés o sobre la aprobación o repulsa de determinados actos de sus gobernantes”
Referéndum y plebiscito son figuras sumamente parecidas ya que ambas implican la consulta a los ciudadanos. Presentan también, sin embargo, elementos que las distinguen. En el plebiscito la población se pronuncia sobre un asunto que no tiene antecedente en o intervención de los órganos estatales y antecedentes o intervención que en tratándose del referéndum sí existen. En el caso del referéndum, la consulta se realiza sobre actos normativos, en tanto que la materia del plebiscito son designaciones de personas, anexiones territoriales o lección de forma de gobierno u otros temas sin una expresión normativa inmediata.
“… se habla del plebiscito para decidir sobre problemas excepcionales y de referéndum para cuestiones de orden constitucional. También se les distingue por tener una mayor regularidad el referéndum y por ser excepcional el plebiscito”.
2.2.3 Iniciativa popular
Constituciones como la particular de Oaxaca, conceden a los ciudadanos el derecho de iniciativa popular, es decir, les faculta para presentar iniciativas de ley ante el congreso del estado. Es un procedimiento constitucionalmente tutelado mediante el cual los oaxaqueños que gocen de ciudadanía pueden hacer llegar iniciativas en todos los ramos de la administración.
“La iniciativa popular … se refiere a la intervención que el ciudadano como tal, sea individual o colectivamente, puede tener en el proceso legislativo”
CAPÍTULO III LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN COTIDIANA.
3.1 Una aproximación
Con nuestro voto no solucionamos los problemas, ni siquiera la elección en su conjunto los soluciona; el ejercicio del sufragio, es solamente una manera de decidir quiénes habrán de tener la capacidad de resolver la problemática.
A mi juicio, lo preocupante no estriba tanto en saber qué modalidad de democracia es la mejor o cual es la “más democrática”. Las posibilidades de ejercicio de la democracia directa están en definitiva canceladas y la representativa como única opción ha demostrado ser insuficiente por insatisfactoria. La participación no puede seguir estando circunscrita al derecho al sufragio que, por otra parte, no siempre se ejerce. La diferencia difícilmente la marcaría un cambio de modalidad democrática legal o institucional. Mauricio Merino escribe: “…el puente que une la representación con la participación está constituido, en principio, con los votos libremente expresados por el pueblo” y más adelante complementa: “El voto es el primer puente, pero detrás de él siguen las libertades políticas … la democracia no se agota en los procesos electorales ni los partidos políticos poseen el monopolio de la actividad democrática” .
Si hoy, legislaciones locales de avanzada han demostrado la viabilidad de los procedimientos de democracia semidirecta, el “gran salto” no tiene ya porque ser tan grande. El Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y San Luis Potosí, son una muestra de que México está listo para una enmienda constitucional que obligue a todas las entidades a contemplar dichos procedimientos para enriquecer nuestra vida democrática en desarrollo.
Ya Robert Dahl había propuesto en su famoso texto “La poliarquía”, un listado de requisitos en base a los cuales las modernas democracias podían calificarse o descalificarse, entre ocho aspectos solo dos se refieren a las elecciones y los partidos y las restantes, a los diversos modos en que la ciudadanía participa. Merino resume en una elocuente frase aquello que para nuestro país y entidad debemos hacer una realidad: “participación que se vuelve representación gracias al voto y representación que se sujeta a la voluntad popular gracias a la participación cotidiana de los ciudadanos”.
El tránsito de una democracia representativa (hoy no participativa) a una participativa depende de un cambio en la cultura política de los ciudadanos y es un cambio que de manera alguna puede ser repentino. Los cambios en las percepciones, creencias, hábitos y costumbres, sabido es de sobra, que son lentos y por ello requieren lapsos considerables de tiempo.
*Director general de la Comisión Estatal de la Juventud.
moisesmolinar@hotmail.com
domingo, 3 de mayo de 2009
LA X EN LA FRENTE
Moisés MOLINA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (II DE IV PARTES)
CAPÍTULO II. EL MODELO DE LA DEMOCRACIA.
2.1 Democracia Representativa.
Existen en la actualidad pocos conceptos que demuestran tan prototípicamente la verdad de uno de los razonamientos del Doctor italiano Roberto Ehrman Fiorio, de que “los conceptos más importantes en la política y en la economía modernas, a partir de siglo diecisiete, son totalmente nuevos o han cambiado radicalmente de significado” . Democracia es uno de ellos. Y es que la asombrosa multiplicidad de significaciones o definiciones que se le atribuyen, termina por confundir a más de un estudioso.
En medio del mar de textos que en torno a “la democracia” se han escrito, uno de los más recomendados a quien esto escribe lo ha sido “Teoría de la Democracia” de Giovanni Sartori, obra que a mi juicio aporta una buena base al tratamiento de nuestro tema. Más que elocuente es el epígrafe que el autor escogió para su primer capítulo, tomado de “La democracia en América” de Tocqueville:
“Es nuestra forma de utilizar las palabras democracia y gobierno democrático la que produce mayor confusión. A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una inextricable confusión de ideas, para beneficio de demagogos y déspotas”
Y es que el problema de la definición de la democracia no es un asunto menor. Resulta preocupante que “entre las condiciones para la democracia la que menos se invoca es que las ideas erróneas sobre la democracia determinan que la democracia funcione mal”
No obstante, proponer Sartori y en consonancia con él, Miquelangelo Bovero , una definición de democracia sin adjetivos y Bobbio alejarse implícitamente de los calificativos en su famosa definición procedimental de democracia , la realidad demuestra que en el lenguaje cotidiano y semi especializado, es imposible prescindir de los calificativos entre otras razones, porque facilitan la comprensión de nuestras prácticas políticas. Entre las diferentes adjetivaciones de la democracia, tal vez la más popular en nuestros días es la de “representativa” y Bovero sugiere que el estudio de esos calificativos sea abordado binariamente, en parejas antagónicas. Así, a la democracia directa se opone a la representativa, caracterizada la primera, por ser “aquella en la que los ciudadanos votan para determinar, ellos mismos, el contenido de las decisiones colectivas” y la segunda por ser “aquella en la que los ciudadanos votan para determinar quién deberá tomar las decisiones colectivas, o sea, para elegir a sus representantes”
México no escapa a este aserto. Más la escasa participación de la ciudadanía en ciertas jornada electorales – especialmente en procesos electorales intermedios o no concurrentes- han llevado a buena parte de la comunidad académica a sugerir un déficit de legitimidad de los representantes o funcionarios ejecutivos electos. Ese es el origen principal de las voces que por un lado proponen modificaciones legislativas que coercionen al ciudadano a votar, es decir que la norma constitucional que establece el sufragio como una obligación deje de ser imperfecta por carecer de sanción.
La institución fundamental, común a todos los regímenes democráticos contemporáneos, incluido el nuestro, es la elección de representantes por medio de sufragio universal, independientemente de si realmente las democracias representativas, como actualmente las conocemos en casi todos los países del mundo, representan la mejor opción para la vida de nuestros pueblos o por el contrario es necesario que nuevas o recicladas o parcialmente recicladas formas de democracia, arriben a los escenarios políticos de los Estados contemporáneos. Procedimientos de democracia semi directa son también los que se proponen, con el afán de brindar oxígeno de legitimidad a las decisiones que los representantes electos toman.
2.2. Procedimientos de democracia semidirecta.
Un punto interesante a discutir, lo representa la participación que las masas o los públicos tienen de hecho en las democracias representativas como la Mexicana y por supuesto la Oaxaqueña. Uno de los valores en que la democracia como forma de gobierno se sustenta es la participación. Sin embargo una vez más hemos sido testigos del paulatino distanciamiento entre la teoría y la realidad, de modo tal que dicha participación se ha visto reducida al simple acto de emitir un sufragio el día de la jornada electoral.
Alaine Touraine ha visto con preocupación este fenómeno de retroceso de los estados democráticos. Este retroceso –dice-
“entraña una disminución de la participación política y lo que justamente se denominó una crisis de la representación política. Los electores ya no se sienten representados … muchos individuos se sienten más consumidores que ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales … o cierto número de ellos se sienten marginados o excluidos de una sociedad en la cual no sienyen que participan por razones económicas, políticas, étnicas o culturales”.
Probablemente ello no tenga del todo puntos acremente criticables. Probablemente lo que se sacrifica en el grado de participación directa de los ciudadanos en la solución de los asuntos de la res publica, se gana en gobernabilidad, estabilidad y dosis necesarias, sino es que imprescindibles en un mundo capitalista neoliberal, de paz social.
Lo curioso, es que efectivamente como afirma Sartori, “la apatía o la despolitización está muy extendida” y ello orilla a todo aquel que se interese por los asuntos públicos, a cuestionarse si realmente los ciudadanos de este país ejercemos la democracia, nuestra parte de democracia y hasta qué punto. Cuestión del todo preocupante, si tomamos en cuenta que en las democracias representativas, el esfuerzo de toma de decisiones es considerablemente menor al que se presentaría en las participativas.
Los procedimientos de democracia semidirecta bien podrían representar una válvula de escape al sentimiento colectivo de insignificancia participativa que arrastra a los ciudadanos hacia la apatía por todo cuanto tenga que ver con política. Y es por ello menester que nuestro andamiaje constitucional federal se complemente con tales procedimientos como ya lo han hecho algunas entidades federativas en el seno de sus propias constituciones. El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular debían ser desde ya alternativas a considerarse por nuestro poder legislativo federal, como un dique al descontento popular que, en buena medida, se genera por una negación tácita del derecho de los ciudadanos a participar (confirmando o rechazando) en la toma de decisiones. La experiencia en otras partes del mundo ha demostrado que si los niveles de cultura política de la ciudadanía son aceptables, estos procedimientos redundan en una vida democrática de mayor calidad:
“En las sociedades modernas que practican la democracia representativa, , sin embargo la ciudadanía interviene en la toma de decisiones no solo a través de la designación de sus representantes populares y de los responsables de los órganos ejecutivos, según se trate de un régimen parlamentario presidencial o semipresidencial; sino también mediante otros procedimientos que se combinan con las instituciones de la democracia representativa … se trata, por tanto, de procedimientos de participación ciudadana conocidos como de democracia semidirecta para distinguirlos de los procedimientos propios de la democracia directa y de la democracia representativa”
Moisés MOLINA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (II DE IV PARTES)
CAPÍTULO II. EL MODELO DE LA DEMOCRACIA.
2.1 Democracia Representativa.
Existen en la actualidad pocos conceptos que demuestran tan prototípicamente la verdad de uno de los razonamientos del Doctor italiano Roberto Ehrman Fiorio, de que “los conceptos más importantes en la política y en la economía modernas, a partir de siglo diecisiete, son totalmente nuevos o han cambiado radicalmente de significado” . Democracia es uno de ellos. Y es que la asombrosa multiplicidad de significaciones o definiciones que se le atribuyen, termina por confundir a más de un estudioso.
En medio del mar de textos que en torno a “la democracia” se han escrito, uno de los más recomendados a quien esto escribe lo ha sido “Teoría de la Democracia” de Giovanni Sartori, obra que a mi juicio aporta una buena base al tratamiento de nuestro tema. Más que elocuente es el epígrafe que el autor escogió para su primer capítulo, tomado de “La democracia en América” de Tocqueville:
“Es nuestra forma de utilizar las palabras democracia y gobierno democrático la que produce mayor confusión. A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una inextricable confusión de ideas, para beneficio de demagogos y déspotas”
Y es que el problema de la definición de la democracia no es un asunto menor. Resulta preocupante que “entre las condiciones para la democracia la que menos se invoca es que las ideas erróneas sobre la democracia determinan que la democracia funcione mal”
No obstante, proponer Sartori y en consonancia con él, Miquelangelo Bovero , una definición de democracia sin adjetivos y Bobbio alejarse implícitamente de los calificativos en su famosa definición procedimental de democracia , la realidad demuestra que en el lenguaje cotidiano y semi especializado, es imposible prescindir de los calificativos entre otras razones, porque facilitan la comprensión de nuestras prácticas políticas. Entre las diferentes adjetivaciones de la democracia, tal vez la más popular en nuestros días es la de “representativa” y Bovero sugiere que el estudio de esos calificativos sea abordado binariamente, en parejas antagónicas. Así, a la democracia directa se opone a la representativa, caracterizada la primera, por ser “aquella en la que los ciudadanos votan para determinar, ellos mismos, el contenido de las decisiones colectivas” y la segunda por ser “aquella en la que los ciudadanos votan para determinar quién deberá tomar las decisiones colectivas, o sea, para elegir a sus representantes”
México no escapa a este aserto. Más la escasa participación de la ciudadanía en ciertas jornada electorales – especialmente en procesos electorales intermedios o no concurrentes- han llevado a buena parte de la comunidad académica a sugerir un déficit de legitimidad de los representantes o funcionarios ejecutivos electos. Ese es el origen principal de las voces que por un lado proponen modificaciones legislativas que coercionen al ciudadano a votar, es decir que la norma constitucional que establece el sufragio como una obligación deje de ser imperfecta por carecer de sanción.
La institución fundamental, común a todos los regímenes democráticos contemporáneos, incluido el nuestro, es la elección de representantes por medio de sufragio universal, independientemente de si realmente las democracias representativas, como actualmente las conocemos en casi todos los países del mundo, representan la mejor opción para la vida de nuestros pueblos o por el contrario es necesario que nuevas o recicladas o parcialmente recicladas formas de democracia, arriben a los escenarios políticos de los Estados contemporáneos. Procedimientos de democracia semi directa son también los que se proponen, con el afán de brindar oxígeno de legitimidad a las decisiones que los representantes electos toman.
2.2. Procedimientos de democracia semidirecta.
Un punto interesante a discutir, lo representa la participación que las masas o los públicos tienen de hecho en las democracias representativas como la Mexicana y por supuesto la Oaxaqueña. Uno de los valores en que la democracia como forma de gobierno se sustenta es la participación. Sin embargo una vez más hemos sido testigos del paulatino distanciamiento entre la teoría y la realidad, de modo tal que dicha participación se ha visto reducida al simple acto de emitir un sufragio el día de la jornada electoral.
Alaine Touraine ha visto con preocupación este fenómeno de retroceso de los estados democráticos. Este retroceso –dice-
“entraña una disminución de la participación política y lo que justamente se denominó una crisis de la representación política. Los electores ya no se sienten representados … muchos individuos se sienten más consumidores que ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales … o cierto número de ellos se sienten marginados o excluidos de una sociedad en la cual no sienyen que participan por razones económicas, políticas, étnicas o culturales”.
Probablemente ello no tenga del todo puntos acremente criticables. Probablemente lo que se sacrifica en el grado de participación directa de los ciudadanos en la solución de los asuntos de la res publica, se gana en gobernabilidad, estabilidad y dosis necesarias, sino es que imprescindibles en un mundo capitalista neoliberal, de paz social.
Lo curioso, es que efectivamente como afirma Sartori, “la apatía o la despolitización está muy extendida” y ello orilla a todo aquel que se interese por los asuntos públicos, a cuestionarse si realmente los ciudadanos de este país ejercemos la democracia, nuestra parte de democracia y hasta qué punto. Cuestión del todo preocupante, si tomamos en cuenta que en las democracias representativas, el esfuerzo de toma de decisiones es considerablemente menor al que se presentaría en las participativas.
Los procedimientos de democracia semidirecta bien podrían representar una válvula de escape al sentimiento colectivo de insignificancia participativa que arrastra a los ciudadanos hacia la apatía por todo cuanto tenga que ver con política. Y es por ello menester que nuestro andamiaje constitucional federal se complemente con tales procedimientos como ya lo han hecho algunas entidades federativas en el seno de sus propias constituciones. El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular debían ser desde ya alternativas a considerarse por nuestro poder legislativo federal, como un dique al descontento popular que, en buena medida, se genera por una negación tácita del derecho de los ciudadanos a participar (confirmando o rechazando) en la toma de decisiones. La experiencia en otras partes del mundo ha demostrado que si los niveles de cultura política de la ciudadanía son aceptables, estos procedimientos redundan en una vida democrática de mayor calidad:
“En las sociedades modernas que practican la democracia representativa, , sin embargo la ciudadanía interviene en la toma de decisiones no solo a través de la designación de sus representantes populares y de los responsables de los órganos ejecutivos, según se trate de un régimen parlamentario presidencial o semipresidencial; sino también mediante otros procedimientos que se combinan con las instituciones de la democracia representativa … se trata, por tanto, de procedimientos de participación ciudadana conocidos como de democracia semidirecta para distinguirlos de los procedimientos propios de la democracia directa y de la democracia representativa”
jueves, 30 de abril de 2009
LA X EN LA FRENTE
Moisés MOLINA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (I DE IV PARTES)
INTRODUCCIÓN
Pareciera ocioso abordar el tema de la participación ciudadana. Una buena cantidad de estudios de ciencia política tienen que ver con este tema que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. Desde que el concepto de sociedad civil cobró vigor en el último cuarto del siglo XX, todo lo relacionado con la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales, incluido el democrático, corrió la misma suerte.
En este ensayo, se pretende abordar la participación ciudadana en una doble óptica: como origen de la democracia representativa primero, y como destino de ella, después. Partiremos de la hipótesis de que una mayor participación de la ciudadanía fortalece en la misma cuantía la democracia representativa en México. Y es que al tener este tipo de democracia su sustento en los procesos electorales, la participación de los ciudadanos en los comicios se convierte en requisito indispensable para su funcionamiento.
Las últimas elecciones federales y locales han mostrado índices significativos de abstencionismo que conllevan otra problemática: restan calidad a la vida democrática. Las motivaciones que han alejado paulatinamente a los ciudadanos de las urnas son diversas: han perdido la fe en los partidos, sienten que su voto no se respeta, creen que todo seguirá igual, opinan que los diputados, por ejemplo, no sirven para nada, entre otras que no indican otra cosa que el alejamiento de la ciudadanía de aquello que le debía ser connatural: la política.
Pero a esto se aúna la escasa participación de la ciudadanía fuera del acto de votar. Sufragar para elegir a nuestros representantes es solo una parte de la participación; incidir individual o grupalmente en otros órdenes de la vida colectiva implica otra parte no menos importante de la participación ciudadana. La democracia no se construye solo votando en las elecciones, se configura participando sistemáticamente para activar a otros ciudadanos y a los representantes mismos.
La participación ciudadana como destino de la democracia representativa habría de representar un control eficaz para los actos de autoridad y al mismo tiempo una buena base de legitimidad para sus decisiones. La plena participación ciudadana está llamada a ser el único detonante para devolver a los ciudadanos esa naturaleza perdida. La naturaleza del aristotélico “zoon politikon”.
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.
La teoría del contrato social nos proporciona una buena base para abordar la cuestión de la participación ciudadana como fuente de legitimidad de la clase gobernante. Contario a la tesis del “estado de naturaleza” que preconiza la preeminencia del hombre aislado, “el contrato social” defiende la necesidad de los seres humanos de asociarse con otros y darse reglas para fundar un ente superior. Las personas convienen en la cesión de parte de su libertad en aras del bien de la colectividad y es así que se dan normas de derecho y dan origen a sociedades civiles. En el estado de naturaleza, los hombres constituyen una especie de comunidad natural bajo el imperio de la ley de la naturaleza; lo que el pacto social propicia es que los derechos y los deberes de los hombres en ese estado de naturaleza, no sean inciertos en cuanto a sus límites ni en cuanto a su aplicación.
“… por lo tanto hay que fundar un poder político que sea instrumento de su efectividad y esto se traduce en un contrato en el que cada individuo se compromete con todos los demás a formar un cuerpo que se encargue de garantizar la aplicación de los derechos que la naturaleza nos da.”.
El contrato social es entonces el origen de –entre muchas otras cosas- nuestros regímenes democráticos. Entre las reglas que los seres humanos se imponen para una mejor convivencia, descollan aquellas que definen y organizan los procedimientos para elegir a quienes habrán de tomar las decisiones a nombre de la colectividad. Dejan de ser, la sangre o un designio divino, determinantes para el ejercicio del poder. Los hombres se regalan democracia en su connotación formal. Se dan una democracia con adjetivo: una democracia procedimental. Es Norberto Bobbio quien nos regaló la definición “mínima” de democracia al decir que la democracia es un conjunto de reglas (primarias y fundamentales) que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con cuáles procedimientos. Para Bobbio la democracia es un
“método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas (es decir de las decisiones vinculatorias para toda la sociedad)”.
Lorenzo Córdova Vianello explica en interesante ensayo la manera en que la regla de la mayoría es producto acabado del pacto social originario.
“Se trata de una serie de directrices que tienen que ver con las competencias y con los procedimientos establecidos para determinar la voluntad colectiva, que se traducen en la adopción de los principiuos del sufragio universal, o sea, de un otorgamiento del derecho-poder de decisión al mayor número posible de individuos y de la regla de la mayoría como instrumento para decidir.”
1.1 Participación. Una aproximación.
El de participación, es un concepto muy extenso al que difícilmente se pueden poner linderos. Algunas aproximaciones se pueden establecer, sin embargo. Participar significa en principio “tomar parte”, ser parte de algo, compartir. Es en esa tesitura que la participación solo se concibe en razón de una colectividad: la participación es, dice Mauricio Merino, “un acto social”. Todo en la vida es participación. El no participar implica, inclusive, una toma de decisión. El que se abstiene, participa decidiendo no participar.
Tan extensa es la connotación del vocablo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece cinco acepciones: “Tomar parte en algo; recibir una parte de algo; Compartir, tener las mismas opiniones o ideas que otra persona; tener parte en una sociedad o negocio; y dar parte, noticiar, comunicar” . Manuel Ignacio Martínez resume en una frase a la participación ciudadana como elemento vigorizante de la democracia al decir que es “el eje de vinculación entre la sociedad y el desempeño de su estado”.
De la eficacia de este polivalente concepto depende la calidad de nuestra democracia y por extensión, la calidad de nuestras vidas, así como nuestras valoraciones respecto de lo público, de nuestros gobiernos y nuestros actores colectivos. Determinada por el ambiente y el propio individuo, la participación debe ser algo a replantear para las nuevas generaciones, en un mundo cada vez más demandante y de sociedades más complejas, donde demostrado ha quedado que los gobiernos por si solos son insuficientes y necesitan cada vez con mayor énfasis de la población – y entre ella, la ciudadanía- como aliada para superar con menos dificultad la problemática cotidiana.
1.2. Ciudadanía.
Delimitar el concepto de ciudadano resulta cuestión más sencilla. Partiendo de lo que el diccionario dice, podemos delimitar, lo que para efectos del presente ensayo debemos entender por tal vocablo. La acepción más aproximada a nuestros fines es aquella que define al ciudadano como el “habitante de las ciudades antiguas o Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”. Pero la definición que necesitamos a la luz del concepto de democracia representativa, la da nuestra constitución. Y es que es ahí donde encontramos el fundamento del sufragio como el único derecho que es a la vez una obligación reservado exclusivamente a los ciudadanos. El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que
“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido dieciocho años; y II. Tener un modo honesto de vivir” .
Del universo de habitantes de una comunidad política, son solo quienes cumplen esta condición, los llamados a la construcción de la realidad social por vía de la participación en el acto y aún después de emitir el voto.
Moisés MOLINA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO (I DE IV PARTES)
INTRODUCCIÓN
Pareciera ocioso abordar el tema de la participación ciudadana. Una buena cantidad de estudios de ciencia política tienen que ver con este tema que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. Desde que el concepto de sociedad civil cobró vigor en el último cuarto del siglo XX, todo lo relacionado con la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales, incluido el democrático, corrió la misma suerte.
En este ensayo, se pretende abordar la participación ciudadana en una doble óptica: como origen de la democracia representativa primero, y como destino de ella, después. Partiremos de la hipótesis de que una mayor participación de la ciudadanía fortalece en la misma cuantía la democracia representativa en México. Y es que al tener este tipo de democracia su sustento en los procesos electorales, la participación de los ciudadanos en los comicios se convierte en requisito indispensable para su funcionamiento.
Las últimas elecciones federales y locales han mostrado índices significativos de abstencionismo que conllevan otra problemática: restan calidad a la vida democrática. Las motivaciones que han alejado paulatinamente a los ciudadanos de las urnas son diversas: han perdido la fe en los partidos, sienten que su voto no se respeta, creen que todo seguirá igual, opinan que los diputados, por ejemplo, no sirven para nada, entre otras que no indican otra cosa que el alejamiento de la ciudadanía de aquello que le debía ser connatural: la política.
Pero a esto se aúna la escasa participación de la ciudadanía fuera del acto de votar. Sufragar para elegir a nuestros representantes es solo una parte de la participación; incidir individual o grupalmente en otros órdenes de la vida colectiva implica otra parte no menos importante de la participación ciudadana. La democracia no se construye solo votando en las elecciones, se configura participando sistemáticamente para activar a otros ciudadanos y a los representantes mismos.
La participación ciudadana como destino de la democracia representativa habría de representar un control eficaz para los actos de autoridad y al mismo tiempo una buena base de legitimidad para sus decisiones. La plena participación ciudadana está llamada a ser el único detonante para devolver a los ciudadanos esa naturaleza perdida. La naturaleza del aristotélico “zoon politikon”.
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.
La teoría del contrato social nos proporciona una buena base para abordar la cuestión de la participación ciudadana como fuente de legitimidad de la clase gobernante. Contario a la tesis del “estado de naturaleza” que preconiza la preeminencia del hombre aislado, “el contrato social” defiende la necesidad de los seres humanos de asociarse con otros y darse reglas para fundar un ente superior. Las personas convienen en la cesión de parte de su libertad en aras del bien de la colectividad y es así que se dan normas de derecho y dan origen a sociedades civiles. En el estado de naturaleza, los hombres constituyen una especie de comunidad natural bajo el imperio de la ley de la naturaleza; lo que el pacto social propicia es que los derechos y los deberes de los hombres en ese estado de naturaleza, no sean inciertos en cuanto a sus límites ni en cuanto a su aplicación.
“… por lo tanto hay que fundar un poder político que sea instrumento de su efectividad y esto se traduce en un contrato en el que cada individuo se compromete con todos los demás a formar un cuerpo que se encargue de garantizar la aplicación de los derechos que la naturaleza nos da.”.
El contrato social es entonces el origen de –entre muchas otras cosas- nuestros regímenes democráticos. Entre las reglas que los seres humanos se imponen para una mejor convivencia, descollan aquellas que definen y organizan los procedimientos para elegir a quienes habrán de tomar las decisiones a nombre de la colectividad. Dejan de ser, la sangre o un designio divino, determinantes para el ejercicio del poder. Los hombres se regalan democracia en su connotación formal. Se dan una democracia con adjetivo: una democracia procedimental. Es Norberto Bobbio quien nos regaló la definición “mínima” de democracia al decir que la democracia es un conjunto de reglas (primarias y fundamentales) que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con cuáles procedimientos. Para Bobbio la democracia es un
“método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas (es decir de las decisiones vinculatorias para toda la sociedad)”.
Lorenzo Córdova Vianello explica en interesante ensayo la manera en que la regla de la mayoría es producto acabado del pacto social originario.
“Se trata de una serie de directrices que tienen que ver con las competencias y con los procedimientos establecidos para determinar la voluntad colectiva, que se traducen en la adopción de los principiuos del sufragio universal, o sea, de un otorgamiento del derecho-poder de decisión al mayor número posible de individuos y de la regla de la mayoría como instrumento para decidir.”
1.1 Participación. Una aproximación.
El de participación, es un concepto muy extenso al que difícilmente se pueden poner linderos. Algunas aproximaciones se pueden establecer, sin embargo. Participar significa en principio “tomar parte”, ser parte de algo, compartir. Es en esa tesitura que la participación solo se concibe en razón de una colectividad: la participación es, dice Mauricio Merino, “un acto social”. Todo en la vida es participación. El no participar implica, inclusive, una toma de decisión. El que se abstiene, participa decidiendo no participar.
Tan extensa es la connotación del vocablo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece cinco acepciones: “Tomar parte en algo; recibir una parte de algo; Compartir, tener las mismas opiniones o ideas que otra persona; tener parte en una sociedad o negocio; y dar parte, noticiar, comunicar” . Manuel Ignacio Martínez resume en una frase a la participación ciudadana como elemento vigorizante de la democracia al decir que es “el eje de vinculación entre la sociedad y el desempeño de su estado”.
De la eficacia de este polivalente concepto depende la calidad de nuestra democracia y por extensión, la calidad de nuestras vidas, así como nuestras valoraciones respecto de lo público, de nuestros gobiernos y nuestros actores colectivos. Determinada por el ambiente y el propio individuo, la participación debe ser algo a replantear para las nuevas generaciones, en un mundo cada vez más demandante y de sociedades más complejas, donde demostrado ha quedado que los gobiernos por si solos son insuficientes y necesitan cada vez con mayor énfasis de la población – y entre ella, la ciudadanía- como aliada para superar con menos dificultad la problemática cotidiana.
1.2. Ciudadanía.
Delimitar el concepto de ciudadano resulta cuestión más sencilla. Partiendo de lo que el diccionario dice, podemos delimitar, lo que para efectos del presente ensayo debemos entender por tal vocablo. La acepción más aproximada a nuestros fines es aquella que define al ciudadano como el “habitante de las ciudades antiguas o Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”. Pero la definición que necesitamos a la luz del concepto de democracia representativa, la da nuestra constitución. Y es que es ahí donde encontramos el fundamento del sufragio como el único derecho que es a la vez una obligación reservado exclusivamente a los ciudadanos. El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que
“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido dieciocho años; y II. Tener un modo honesto de vivir” .
Del universo de habitantes de una comunidad política, son solo quienes cumplen esta condición, los llamados a la construcción de la realidad social por vía de la participación en el acto y aún después de emitir el voto.
viernes, 27 de marzo de 2009
LA X EN LA FRENTE
Moisés MOLINA
¿NUEVA REFINERIA EN OAXACA? RAZONES TÉCNICAS.
Son desgraciadamente “técnicas” las razones que la presidencia de la república anunció como exclusivas para decidir la ubicación de la nueva refinería. Razones que, por “técnicas”, sólo unos cuantos elegidos entienden pero que seguramente la generosa opinión pública comprenderá en su generalidad. La tecnocracia no se acaba de ir. Y si –cualquiera que sea la unidad de medida de las razones técnicas- la diferencia entre el estado ganador y los demás competidores es mínima, la adjudicación estará legitimada, no importando si el beneficio será una vez más el centro o el norte del país. El presidente Calderón debió haber anunciado, en uso de las facultades que la constitución y las leyes le confieren, el 18 de marzo el lugar en que la nueva refinería se habría de construir. No le quiso entrar, beltronescamente “no se fajó los pantalones” y encontró una salida cómoda aunque políticamente cuestionable. No quiso ejercer el poder y abarató con ello otro poco la investidura presidencial. Que el poder se ejerce, es una máxima por todos conocida. Calderón no quiso ejercerlo por temor al proceso electoral seguramente. Las “razones técnicas”, sin embargo, como en la mayoría de las competencias dejarán solamente satisfecho al ganador. El resultado se aceptará, pero bajo reserva de todos cuantos tenían sus propias y válidas razones. Y es que la “Reunión Pública de Presentación de Propuestas sobre la Localización de la Nueva Refinería” celebrada en días pasados en la torre de PEMEX, se antojó desde su anuncio como un espectáculo de mal gusto. Algo que pudo haberse discutido en todo caso en el seno de la CONAGO se llevó al seno de PEMEX y la Secretaría de Energía. SI el presidente había ya renunciado a su potestad de decisión, la hubiese puesto en todo caso, en manos de los gobernadores en lugar de entramparlos en una pasarela a la que no podían negarse a asistir sin el consiguiente costo político y mediático. Quienes conocen del tema afirman que la determinación estaba tomada de antemano y que la única competencia real está entre Tula y Tuxpan. Al tiempo. El asunto de la refinería, sin embargo, debió atender también a razones –si no se les quiere llamar políticas- sí históricas. Razones técnicas, sí, pero también razones de justicia social. Se busca una decisión pensando en la lógica del país, de la república, de la federación, como si esta última fuera una entidad indeterminada y no un todo que se debe a sus partes. La envergadura de una nueva refinería es capaz de impactar económicamente no solo a una entidad, sino a una región completa. Hubiese sido una extraordinaria forma de “hacerle justicia” a la zona con mayor número de problemas sociales relacionados con la pobreza: el sur sureste mexicano. Es vergonzante saber que una de las fortalezas de Tula a la hora de la decisión sea su cercanía con el Distrito Federal y la “modernidad de sus vías de comunicación”. No importa que el istmo de Tehuantepec tenga la necesaria reserva territorial para instalar la refinería y llevar a cabo proyectos de vivienda, que tengamos capital humano de alto potencial, que nuestra posición geográfica nos conecte con Asia, la costa oeste de Estados Unidos, centro y sudamérica, que exista abasto de agua garantizado con la presa Benito Juárez, que nuestro istmo no sea área de huracanes, ni que los vientos de la zona dispersen rápidamente los contaminantes. Que se siga reproduciendo allá la prosperidad entonces y acá la miseria. De la totalidad de los municipios más pobres de México, el 80% está en Oaxaca. ¿No puede ser esa razón suficiente para un presidente que se dice comprometido con los que menos tienen? Pero acá seguiremos tranquilos. Entendemos que ellos viven en otro México. Su México “de a de veras” no está en el sur sureste. Acá está el México cultural, folclórico, el México histórico, el boscoso y selvático, el que los enorgullece por todo, menos por la prosperidad de su gente. En un curso de Sistema Político Mexicano nos decían que una de las notas que diferenciaban teóricamente al PAN respecto de PRI y PRD era fundamentalmente el concepto de IGUALDAD. El PAN tenía a la igualdad en el centro de su doctrina, mientras que en los principios de los otros dos, el que descollaba, era el término de JUSTICIA. Para el PAN –se nos explicaba- los hombres nacen iguales y en consecuencia tienen que ser tratados como iguales. Para PRI y PRD, los seres humanos no son iguales, por ello no pueden ser tratados como iguales, tienen que ser tratados “desigualmente en la medida de su desigualdad”. Por ello el PAN no tiene un sector campesino, no es visible una secretaría de asuntos indígenas, o una organización obrera. Por eso probablemente el Presidente Calderón piensa que todos los estados deben ser tratados bajo criterios de igualdad y que los apoyos de la federación deben ser del tamaño de los impuestos que los estados recauden y de la riqueza monetaria que le aporten al fisco federal. A fin de cuentas “razones técnicas”.
moisesmolinar@hotmail.com
Moisés MOLINA
¿NUEVA REFINERIA EN OAXACA? RAZONES TÉCNICAS.
Son desgraciadamente “técnicas” las razones que la presidencia de la república anunció como exclusivas para decidir la ubicación de la nueva refinería. Razones que, por “técnicas”, sólo unos cuantos elegidos entienden pero que seguramente la generosa opinión pública comprenderá en su generalidad. La tecnocracia no se acaba de ir. Y si –cualquiera que sea la unidad de medida de las razones técnicas- la diferencia entre el estado ganador y los demás competidores es mínima, la adjudicación estará legitimada, no importando si el beneficio será una vez más el centro o el norte del país. El presidente Calderón debió haber anunciado, en uso de las facultades que la constitución y las leyes le confieren, el 18 de marzo el lugar en que la nueva refinería se habría de construir. No le quiso entrar, beltronescamente “no se fajó los pantalones” y encontró una salida cómoda aunque políticamente cuestionable. No quiso ejercer el poder y abarató con ello otro poco la investidura presidencial. Que el poder se ejerce, es una máxima por todos conocida. Calderón no quiso ejercerlo por temor al proceso electoral seguramente. Las “razones técnicas”, sin embargo, como en la mayoría de las competencias dejarán solamente satisfecho al ganador. El resultado se aceptará, pero bajo reserva de todos cuantos tenían sus propias y válidas razones. Y es que la “Reunión Pública de Presentación de Propuestas sobre la Localización de la Nueva Refinería” celebrada en días pasados en la torre de PEMEX, se antojó desde su anuncio como un espectáculo de mal gusto. Algo que pudo haberse discutido en todo caso en el seno de la CONAGO se llevó al seno de PEMEX y la Secretaría de Energía. SI el presidente había ya renunciado a su potestad de decisión, la hubiese puesto en todo caso, en manos de los gobernadores en lugar de entramparlos en una pasarela a la que no podían negarse a asistir sin el consiguiente costo político y mediático. Quienes conocen del tema afirman que la determinación estaba tomada de antemano y que la única competencia real está entre Tula y Tuxpan. Al tiempo. El asunto de la refinería, sin embargo, debió atender también a razones –si no se les quiere llamar políticas- sí históricas. Razones técnicas, sí, pero también razones de justicia social. Se busca una decisión pensando en la lógica del país, de la república, de la federación, como si esta última fuera una entidad indeterminada y no un todo que se debe a sus partes. La envergadura de una nueva refinería es capaz de impactar económicamente no solo a una entidad, sino a una región completa. Hubiese sido una extraordinaria forma de “hacerle justicia” a la zona con mayor número de problemas sociales relacionados con la pobreza: el sur sureste mexicano. Es vergonzante saber que una de las fortalezas de Tula a la hora de la decisión sea su cercanía con el Distrito Federal y la “modernidad de sus vías de comunicación”. No importa que el istmo de Tehuantepec tenga la necesaria reserva territorial para instalar la refinería y llevar a cabo proyectos de vivienda, que tengamos capital humano de alto potencial, que nuestra posición geográfica nos conecte con Asia, la costa oeste de Estados Unidos, centro y sudamérica, que exista abasto de agua garantizado con la presa Benito Juárez, que nuestro istmo no sea área de huracanes, ni que los vientos de la zona dispersen rápidamente los contaminantes. Que se siga reproduciendo allá la prosperidad entonces y acá la miseria. De la totalidad de los municipios más pobres de México, el 80% está en Oaxaca. ¿No puede ser esa razón suficiente para un presidente que se dice comprometido con los que menos tienen? Pero acá seguiremos tranquilos. Entendemos que ellos viven en otro México. Su México “de a de veras” no está en el sur sureste. Acá está el México cultural, folclórico, el México histórico, el boscoso y selvático, el que los enorgullece por todo, menos por la prosperidad de su gente. En un curso de Sistema Político Mexicano nos decían que una de las notas que diferenciaban teóricamente al PAN respecto de PRI y PRD era fundamentalmente el concepto de IGUALDAD. El PAN tenía a la igualdad en el centro de su doctrina, mientras que en los principios de los otros dos, el que descollaba, era el término de JUSTICIA. Para el PAN –se nos explicaba- los hombres nacen iguales y en consecuencia tienen que ser tratados como iguales. Para PRI y PRD, los seres humanos no son iguales, por ello no pueden ser tratados como iguales, tienen que ser tratados “desigualmente en la medida de su desigualdad”. Por ello el PAN no tiene un sector campesino, no es visible una secretaría de asuntos indígenas, o una organización obrera. Por eso probablemente el Presidente Calderón piensa que todos los estados deben ser tratados bajo criterios de igualdad y que los apoyos de la federación deben ser del tamaño de los impuestos que los estados recauden y de la riqueza monetaria que le aporten al fisco federal. A fin de cuentas “razones técnicas”.
moisesmolinar@hotmail.com
sábado, 21 de marzo de 2009
LA X EN LA FRENTE
Moisés MOLINA
JUÁREZ Y GERMÁN MARTÍNEZ
La mediocridad ideológica del momento en el sistema político, nos ha llevado a tener en Juárez uno de los principales referentes para diferenciar a la derecha respecto de la izquierda y del centro progresista, hoy devenido en socialdemocracia mexicana. El espantoso pragmatismo político haría de los partidos la misma “cosa” con personajes prestados e intercambiables y pintados de diferente manera, de no ser hoy, por Juárez. Nuestro compañero en esta casa editorial, Luis Parra Meixueiro, da cuenta puntual de ello en su trabajo de ayer: “Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, el nombre de Benito Juárez ha sido borrado de 417 plazas, calles y monumentos del país, revela el Archivo General de la Nación”.
¿En qué momento volvió la historia a ser patrimonio de la clase política? Y es que Juárez debía estar ya por encima de la política y con mucha más razón de la agenda de los partidos. Es patrimonio de la historia, de todos los mexicanos y no punto de distinción entre ideologías políticas. Negar a Juárez es negar una de las “ideas fundamentales” –hablando con rigor académico- de nuestra constitución, como lo es el Estado laico, la supremacía de la ley civil sobre cualquier otra siempre que se trate de nuestras relaciones como integrantes de la comunidad política. Pareciera que el PAN eligió equivocadamente el tema para distinguirse como partido de derecha. Desafortunadamente el tema no es político, ni siquiera ideológico; es histórico y se llama Juárez. Para muchos, incluidos quienes no militan ni simpatizan con partido político alguno, es una afrenta a nuestro gentilicio; otros lo toman con más calma porque seguros están de que Juárez no pierde estatura y seguirá siendo el “laico patrono” de los asuntos públicos en México.
Una cosa se deja ver. Que todo blanquiazul sería por definición un anti juarista. Desde el partido – en el mejor de los casos- se le niega y hay hasta quienes le detestan. No lo soportan. Le borran de los discursos en los más importantes actos republicanos. Descuelgan sus óleos de las paredes y sugieren que se erijan estatuas de ellos mismos como sucedió en Boca del Rio. Bautizan calles, avenidas, mercados, plazuelas con el nombre de sus “gurús”. Ahí están los Cloutier, los Gómez Morín, los Castillo Peraza, los Cosío Villegas y hasta los H. Álvarez, que no decimos que sea malo si es la ley la que lo autoriza. Pero nunca PRI ni PRD han siquiera insinuado que Colosio, Reyes Heroles, Carlos A. Madrazo, Lázaro Cárdenas, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas o cualquier otro, sean más o estén en lugar de Juárez.
El viernes pasado, legisladores locales de 11 entidades del país y del senado de la república, firmaron en Oaxaca la Declaración Benemérito de la Américas para Preservar el Estado Laico en México”, que se pronuncia porque las instituciones religiosas se ciñan en todo momento al respeto irrestricto de las leyes civiles que nos gobiernan y que entre otras cosas señala que “ninguna legislación natural puede estar por encima de las leyes civiles que los mexicanos nos hemos dado”. La firmaron todos los legisladores a excepción de los diputados panistas de Guanajuato, la cuna de nuestra independencia. Que pretenden los panistas, ¿que Juárez sea también materia de debate electoral? Con mucha autosuficiencia y seguridad de sí, por boca de su presidente nacional, recriminan al PRI (porque su estrategia y sus cálculos ya definieron que los demás partidos no les interesan) cuanto se les ocurre. Sería interesante ver cómo les iría si priistas y perredistas subieran con la misma intensidad a los medios de comunicación y en todos los estados donde no gobierna el PAN, la defensa de Juárez. La última encuesta de grupo GEA-ISA, coloca a Germán Martínez, como el segundo hombre más impopular de México solo detrás de López Obrador. Lugar al que ha llegado meteóricamente. Las resonancias de un posible “efecto Juárez” le situarían sin problema alguno en un inalcanzable primer lugar, arrastrando también a su partido. A ello se expone el PAN y su “líder” y no es que no lo sepan. Simple y sencillamente del tamaño del riesgo tiene que ser la temeridad de la acción y parece que se sienten perdidos este año electoral.
moisesmolinar@hotmail.com
Moisés MOLINA
JUÁREZ Y GERMÁN MARTÍNEZ
La mediocridad ideológica del momento en el sistema político, nos ha llevado a tener en Juárez uno de los principales referentes para diferenciar a la derecha respecto de la izquierda y del centro progresista, hoy devenido en socialdemocracia mexicana. El espantoso pragmatismo político haría de los partidos la misma “cosa” con personajes prestados e intercambiables y pintados de diferente manera, de no ser hoy, por Juárez. Nuestro compañero en esta casa editorial, Luis Parra Meixueiro, da cuenta puntual de ello en su trabajo de ayer: “Desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, el nombre de Benito Juárez ha sido borrado de 417 plazas, calles y monumentos del país, revela el Archivo General de la Nación”.
¿En qué momento volvió la historia a ser patrimonio de la clase política? Y es que Juárez debía estar ya por encima de la política y con mucha más razón de la agenda de los partidos. Es patrimonio de la historia, de todos los mexicanos y no punto de distinción entre ideologías políticas. Negar a Juárez es negar una de las “ideas fundamentales” –hablando con rigor académico- de nuestra constitución, como lo es el Estado laico, la supremacía de la ley civil sobre cualquier otra siempre que se trate de nuestras relaciones como integrantes de la comunidad política. Pareciera que el PAN eligió equivocadamente el tema para distinguirse como partido de derecha. Desafortunadamente el tema no es político, ni siquiera ideológico; es histórico y se llama Juárez. Para muchos, incluidos quienes no militan ni simpatizan con partido político alguno, es una afrenta a nuestro gentilicio; otros lo toman con más calma porque seguros están de que Juárez no pierde estatura y seguirá siendo el “laico patrono” de los asuntos públicos en México.
Una cosa se deja ver. Que todo blanquiazul sería por definición un anti juarista. Desde el partido – en el mejor de los casos- se le niega y hay hasta quienes le detestan. No lo soportan. Le borran de los discursos en los más importantes actos republicanos. Descuelgan sus óleos de las paredes y sugieren que se erijan estatuas de ellos mismos como sucedió en Boca del Rio. Bautizan calles, avenidas, mercados, plazuelas con el nombre de sus “gurús”. Ahí están los Cloutier, los Gómez Morín, los Castillo Peraza, los Cosío Villegas y hasta los H. Álvarez, que no decimos que sea malo si es la ley la que lo autoriza. Pero nunca PRI ni PRD han siquiera insinuado que Colosio, Reyes Heroles, Carlos A. Madrazo, Lázaro Cárdenas, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas o cualquier otro, sean más o estén en lugar de Juárez.
El viernes pasado, legisladores locales de 11 entidades del país y del senado de la república, firmaron en Oaxaca la Declaración Benemérito de la Américas para Preservar el Estado Laico en México”, que se pronuncia porque las instituciones religiosas se ciñan en todo momento al respeto irrestricto de las leyes civiles que nos gobiernan y que entre otras cosas señala que “ninguna legislación natural puede estar por encima de las leyes civiles que los mexicanos nos hemos dado”. La firmaron todos los legisladores a excepción de los diputados panistas de Guanajuato, la cuna de nuestra independencia. Que pretenden los panistas, ¿que Juárez sea también materia de debate electoral? Con mucha autosuficiencia y seguridad de sí, por boca de su presidente nacional, recriminan al PRI (porque su estrategia y sus cálculos ya definieron que los demás partidos no les interesan) cuanto se les ocurre. Sería interesante ver cómo les iría si priistas y perredistas subieran con la misma intensidad a los medios de comunicación y en todos los estados donde no gobierna el PAN, la defensa de Juárez. La última encuesta de grupo GEA-ISA, coloca a Germán Martínez, como el segundo hombre más impopular de México solo detrás de López Obrador. Lugar al que ha llegado meteóricamente. Las resonancias de un posible “efecto Juárez” le situarían sin problema alguno en un inalcanzable primer lugar, arrastrando también a su partido. A ello se expone el PAN y su “líder” y no es que no lo sepan. Simple y sencillamente del tamaño del riesgo tiene que ser la temeridad de la acción y parece que se sienten perdidos este año electoral.
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